Vox pide al PSOE que aclare su relación con la Comisión Islámica presidida por un imputado por yihadismo

Vox PSOE Comisión Islámica, Darío Villagrasa
Darío Villagrasa, portavoz adjunto del PSOE.
Paula Ciordia

El PSOE sigue eludiendo la gravedad de los hechos sobre su participación en la concentración del pasado domingo, convocada por la Comisión Islámica de España, cuyo presidente Aiman Abdli, está investigado por la Audiencia Nacional por financiación del yihadismo de Al Qaeda en Siria.

En dicha concentración, la Comisión Islámica de España, condenaba el «supuesto» delito de odio del vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, por denunciar la amenaza precisamente del terrorismo, lo que ha despertado todas las alarmas en Vox, ya que en dicha concentración, el PSOE acudió junto con otras entidades que apoyaban la concentración, como Casa África Aragón e Ilumina Senegal.

Además de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), de la que también es presidente el sirio Aiman Abdli, y cuyo tesorero, Mohamed Hatem Rohaibani, fue detenido en 2021, con prisión provisional sin fianza, por estos mismos hechos.

La pescadilla que se muerde la cola. En aquella concentración se pedió la dimisión de Nolasco, precisamente el dirigente que ha denunciado el riesgo de radicalización islamista en Aragón.

Un hecho que ha sido denunciado este miércoles por Vox ante los medios de comunicación, en una rueda de prensa, en la que han pedido al PSOE que dé explicaciones del motivo por el cual «una nutrida representación del PSOE», entre el portavoz adjunto del PSOE, Darío Villagrasa, estaba en dicha concentración al estar la cúpula de dicha entidad señalada por financiación del terrorismo yihadista.

Vox contra el PSOE por la Comisión Islámica de España

Precisamente después de esta rueda de prensa, el grupo PSOE ha convocado a los medios, pero la portavoz del partido, Mayte Pérez, no ha hecho ni una sola alusión ni se ha desvinculado de los hechos tan graves de los cuales ha sido puesto de manifiesto tanto por este medio, como hacia escasos minutos por el de Vox.

Su única defensa ha sido criticar a Nolasco porque sus declaraciones no son referidas «a competencias directas con el Gobierno de Aragón», pero ha evitado, en todo momento, aludir al hecho de que participó en esa concentración, pese a que el PSOE presentara una moción de reprobación contra el vicepresidente por su actitud «xenófoba».

«¿Qué hacían ahí?», se ha preguntado el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, sobre el apoyo del PSOE a la Comisión Islámica.

«No nos sorprende esa tendencia del PSOE a reunirse con organizaciones con fuertes vínculos con el terrorismo, como con los herederos de ETA, Bildu. O con la propia ETA, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero», ha añadido. De hecho, el propio presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, expresó este lunes que el «no hubiera ido a una concentración así», pese a que respetaba la libertad de manifestación.

De hecho, hay que recordar otro hecho gravísimo que afecta directamente al Secretario General del PSOE y presidente de España, Pedro Sánchez. El pasado noviembre, el grupo terrorista islamista de Hamás, mostró su agradecimiento a Sánchez, en un comunicado defendido en la red social de Telegram.

«Apreciamos la posición clara del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha condenado las matanzas indiscriminadas practicadas en la ocupación de la Franja de Gaza por el estado ocupante de Israel y ha hablado de la posibilidad de reconocer al Estado palestino», expresaban.

Este pronunciamiento por parte de Hamás se produjo dos días después de la crisis desató nuestro presidente, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras decir que su país «debe respetar el derecho internacional y el derecho humanitario» y que España «tomará sus propias decisiones» respecto al reconocimiento del Estado palestino.

«Ha llegado el momento para la comunidad internacional y para la Unión Europea de reconocer de una vez el Estado palestino», dijo Sánchez. En su opinión, «es algo que merece la pena, que reviste la suficiente importancia y que en la UE tenemos que hacer de forma conjunta, vale la pena y sería importante que lo hiciéramos juntos».

Tras las declaraciones de Sánchez, el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, convocó a la embajadora de España para mantener «una dura conversación de reprimenda».

La amenaza del fundamentalismo islámico

El portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón, ha hecho referencia a las declaraciones realizadas por el vicepresidente del Gobierno de Aragón y diputado de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco. «Declaraciones que desde el grupo parlamentario compartimos, como no podía ser de otra forma».

«En esas declaraciones alertaba sobre la amenaza del fundamentalismo islámico, del yihadismo en Aragón. Informó, a modo de ejemplo, del conocimiento que tuvimos hace unos días de la detención de un yihadista que había intentado unirse al Dáesh en Zaragoza. De un imán detenido en noviembre en Zaragoza por apología del salafismo. De que la cárcel de Daroca ha sido centro de reclutamiento yihadista. O de la constancia de hasta seis operaciones contra el yihadismo en Zaragoza en los últimos cinco años, desarticuladas por la excelente preparación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a la amenaza terrorista», ha expresado.

«Todo lo cual le llevó a considerar a Zaragoza como un centro de operaciones yihadistas. Y a alertar del riesgo que entraña la inmigración ilegal para la entrada de elementos radicales en nuestro país.
Pese a la multitud de casos de atentados terroristas cometidos en Europa por inmigrantes ilegales, en algunos casos a los pocos días de su entrada, algunas personas todavía siguen negando esa relación», ha incidido.

El de Vox ha alertado del «riesgo existente cuando se desconoce, absolutamente todo, respecto a las personas que entran en Europa de forma descontrolada». Por todo ello, ha justificado, «solicitó la paralización de la nacionalización de personas procedentes de culturas islámicas. Como decimos en VOX, la inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación», ha concluido.

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