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ARAGÓN

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Aragón contra el reparto de menas de Sánchez

Azcón tacha el reparto de menas de "xenófobo e insolidario"

Las comunidades del PP se niegan a aceptar el reparto de Sánchez

Tan sólo tres días después de que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, tachara la postura de Aragón de «cruel» por su negativa a aportar el registro de menas, el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Aragón contra este procedimiento que trata de imponer el Real Decreto de Sánchez para el reparto de menas.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a sostener que dicho reparto es «xenófobo e insolidario», advirtiendo que hará todo lo posible para intentar evitar su aplicación, en lo que considera un «atropello».

Aragón y el reparto «inconstitucional»

Este martes, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dicho recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón frente al Real Decreto Ley del pasado 18 de marzo, por el que se aprobaron medidas urgentes «para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias».

Según alegó el Ejecutivo de Jorge Azcón, el Decreto aprobado por Sánchez vulneraba los principios de autonomía y solidaridad (art. 2 y 138 de la Constitución Española), el de autonomía financiera (art. 156.1 de la CE), así como los artículos 81 y 86 de la Constitución y el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Tras la noticia, Azcón ha manifestado que el Gobierno de Aragón «utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para intentar evitar el atropello que supone dejar en manos de los socios independentistas de Sánchez la política migratoria nacional».

El PP: resistencia al reparto de Sánchez

Aragón ha sido la única comunidad autónoma que se ha negado a aportar dicho registro de menas a la espera del fallo del TC. Este mismo lunes, el Ejecutivo de Azcón mantenía el pulso a Sánchez, tildando el Real Decreto de «irresponsable», al utilizar los menores no acompañados como «moneda de cambio» para sostener el apoyo de Junts, sus socios en la legislatura.

«Nuestra posición está apoyada por informes», sostenía la vicepresidenta del Gobierno aragonés y portavoz, Mar Vaquero ante los medios de comunicación. El PP justifica que su posición contra este Decreto conculca «con todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes, que se acordaban en las Conferencias Sectoriales, con lo que se ha quebrado los principios de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas, una vez más, en favor de los intereses que nada tienen que ver con la atención a estos menores vulnerables».

Aragón no ha sido la única comunidad que lo ha recurrido. El TC también ha admitido a trámite los recursos de Cantabria y Extremadura. Además del promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra este mismo Decreto. Y están en curso otros recursos más, como el de la Comunidad Valenciana, que interpuso la semana pasada.

En definitiva, las comunidades gobernadas por el PP han mostrado desde el principio su rechazo a aceptar el mecanismo que busca imponer el Ministerio de Juventud e Infancia, para redistribuir a los menas entre el conjunto de comunidades autónomas, dado que beneficiaba claramente a unos frente a otras, como a Cataluña.