Los centros de datos: la apuesta de Azcón por convertir Aragón en un pulmón para la IA ‘made in Europe’

• Paula Ciordia
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 06/09/2025 05:40
  • Actualizado: 06/09/2025 08:42

El despliegue de los centros de datos en Aragón parece imparable. Al menos esa es la apuesta del presidente autonómico, Jorge Azcón, en su legislatura. Los sucesivos anuncios mil millonarios en estos dos últimos años parecen no tener fin. De 2023 hasta ahora, el Ejecutivo aragonés ha captado más de 47.000 millones de euros. Una cifra récord en España y en el sur de Europa, pero que todo apunta que irá a más al cierre de este 2025, según ha adelantado Azcón.

En el inicio del curso político, el líder aragonés ha tenido una agenda marcada por este nueva industria. «Hemos normalizado algo que es excepcional», expresó en su primera intervención esta semana, poniendo de relieve la potencia de la región en esta nueva industria del s. XXI. Unas declaraciones que han servido como preludio para contextualizar el pionero estudio realizado por Óscar Lobera –miembro de la Fundación Basilio Paraíso– publicado este mes de septiembre.

El informe realiza una estimación de todas las inversiones tecnológicas anunciadas en los últimos meses con el fin de hacer una proyección de los beneficios económicos fiscales y sociales para la comunidad. Así como los retos y desafíos que emergen ante esta disruptiva y agresiva apuesta.

Aragón y el ‘made in Europe’

Según la Fundación Basilio Paraíso, Aragón se convertirá en la tercera mayor región de centros de datos en toda Europa. Lo que significa que será uno de los pulmones para la evolución de la IA, puesto que sin datos ésta ni tiene sentido ni se puede desarrollar, como explicaba Suzana Curic, jefa de Amazon Web Services en España y Portugal en una entrevista a OKDIARIO.

Algo de lo que insistía Azcón en Santander este martes, en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, afirmando que la comunidad autónoma que preside ha logrado «superar a Dublín o París» como zonas de infraestructura digitales, igualándose a Londres y Frankfurt en lo que a centros de datos se refiere.

El impacto del despliegue de centros datos en Aragón tiene otro potencial: la transformación estructural de la economía aragonesa. La Fundación Basilio Paraíso se basa en la experiencia internacional sucedida en Virginia y Dublín, donde la concentración de estas infraestructuras genera un «efecto gravitacional» de otras empresas de alto valor tecnológico que necesitan procesar datos con latencia mínima, no sólo de Inteligencia Artificial, sino de biotecnología, fintech y audiovisual.

De ahí que Aragón podría sumar mucho al made in Europe del dato, «permitiendo a empresas y administraciones operar en «nubes soberanas» sujetas a la jurisdicción y protección de la UE», según explica la Fundación.

El citado autor del informe, Óscar Lobera, contextualiza la magnitud de las cifras de inversión en Aragón para advertir que la región no es sólo ya competencia directa de Madrid para encabezar el liderazgo nacional en datos, sino que se posiciona para convertirse «el tercer hub de datos más grande de Europa» al tener «una de las mayores concentraciones de inversión tecnológica del continente en un único territorio».

Un despliegue de compañías como Amazon Web Services o Microsoft, que está siendo posible por la celeridad con la que el Ejecutivo está gestionando los proyectos que llegan con Declaración de Interés General (DIGA).

Si las cifras respecto al número de empleos directos creados en la fase de construcción de estas infraestructuras se estima que alcance los 21.000 puestos, lo interesante es lo que quedará después en la fase de rendimiento.

La Fundación pronostica entre 3.150 y 4.500 empleos directos de alta cualificación (técnicos de IT, ingenieros, especialistas en ciberseguridad). A su vez, cada una de estas personas generarán –según el estudio– otro punto de trabajo adicional en la economía aragonesa. Una suma que ascendería a 9.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Impacto fiscal

¿Cuál será el impacto fiscal derivado en los próximos diez años? La mayor parte repercutirá en la administración estatal, a través del IRPF y las Cotizaciones sociales. Según Lobera, la recaudación total oscilaría entre 3.000 y 4.00 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas (locales, autonómicas y estatal). Respecto a la aragonesa, el impacto dependerá del grado de desarrollo, cifrándolo entre 860 y 1.200 millones.

Los pronósticos de la Fundación valoran que una vez los centros operen a pleno rendimiento, generarán un flujo fiscal recurrente en Aragón de entre 255 y 372 millones de euros anuales. Este retorno se distribuye entre los diferentes niveles de la administración: entre 49 y 70 millones de euros para los Ayuntamientos y entre 206 y 303 millones de euros para el Gobierno de Aragón.

Los desafíos: energía, terrenos

Ahora bien, todo no es de color de rosas. Y los peros que suscita este macrodespliegue son grandes desafíos puestos en el foco de grandes problemas que han acarreado en otros lugares del mundo, donde llevan años de adelanto en esta materia. «Las lecciones aprendidas en otros mercados maduros indican que son retos gestionables, pero exigen anticipación y una gobernanza proactiva», advierte la Fundación.

Estos son algunos de los desafíos que alerta la Fundación:

• Impacto Energético: La demanda podría llegar a duplicar el consumo eléctrico actual de la comunidad.
• Impacto Hídrico: El consumo de agua, que en el escenario más exigente podría alcanzar los 14 Hm³ anuales (un 23% del consumo de boca actual de Zaragoza).
• Impacto Social: El pico de actividad constructiva previsto entre 2026 y 2029 podría generar una presión significativa sobre el mercado laboral, con una competencia elevada por perfiles cualificados y posibles efectos al alza en los salarios que también alcanzarían a sectores estratégicos como la automoción o la agroindustria.
• Impacto territorial: La concentración de proyectos en el entorno de Zaragoza, con la ocupación de más de 1.100 hectáreas, plantea retos en materia de uso de suelo agrícola y abre el debate sobre cómo equilibrar territorialmente los beneficios de esta inversión, evitando que provincias como Teruel.