Vox exige «cárcel» para los «mafiosos vendeobreros» de UGT-A: a juicio por estafar más de 40 millones

Tras conocerse este miércoles que la antigua cúpula de UGT-A será juzgada en 2024 por el fraude de 40,7 millones de euros en ayudas de la Junta, Vox Andalucía ha advertido a los sindicatos que «cuando entremos en San Telmo nos encargaremos de que no reciban ninguna subvención».

«Estos mafiosos vendeobreros deben acabar en la cárcel», ha exigido la formación en redes sociales, instando a UGT Andalucía a «devolver los 40 millones de euros que estafaron».

El juicio a los antiguos responsables de UGT-A arrancará el 15 de enero de 2024 y concluirá el 19 de junio del mismo año. Durante seis meses y 61 sesiones, por el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla pasarán un total de 14 sindicalistas y empresarios investigados por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

En diciembre de 2013, en el marco de la operación ‘Cirene’, medio centenar de agentes de la Guardia Civil registraban la sede de UGT-A en Sevilla por orden de la juez Ayala, que inició la investigación. Habrán pasado más de diez años hasta que se depuren responsabilidades.

40.750.047,74 euros

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha señalado ya las sesiones del juicio promovido contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.

En un auto emitido el pasado 4 de abril, dicha instancia judicial fija el día 14 de diciembre de 2023 para la sesión de cuestiones previas, señalando para el 15 de enero de 2024 el comienzo del grueso del periodo de sesiones. «Ello, sin perjuicio de la facultad del tribunal de suprimir algún día o señalar días adicionales en función del desarrollo del juicio», abunda la Sección Tercera en este auto.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel para el que fuera secretario general de la UGT-A, Francisco Fernández Sevilla; el exsecretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica, María Charpín; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el exconsejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.

El 13 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma frente a la pandemia, dicho juez responsable del Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.

Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el 3 de diciembre de 2019, el instructor acordase por medio de un auto continuar la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Financiación para actuaciones propias

En su auto de procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor, según el cual «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».

Ya en el auto de apertura de juicio oral, el juez señalaba la «relación existente» entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, indicando así «la presunta responsabilidad civil subsidiaria» de UGT Andalucía, por lo que procedía «requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa».

Lo mismo consideraba el juez respecto al resto de investigados y su relación con las empresas proveedoras de UGT Andalucía, a las que también atribuía su «presunta responsabilidad civil subsidiaria», considerando además que corresponde a la Audiencia de Sevilla la celebración del juicio por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el caso de Fernández Sevilla y los demás exmiembros de UGT-A, y como cooperadores necesarios de tales delitos en el caso de los restantes investigados como responsables de las empresas proveedoras del sindicato.

Fianzas millonarias

En su auto, el juez imponía una fianza de 40.750.047 euros a Fernández Sevilla y los restantes exresponsables de UGT-A, de manera «conjunta y solidaria», imponiendo al resto de investigados fianzas que oscilaban entre 638 euros y más de un millón de euros. Además, requería a UGT-A para que, para el supuesto de que Fernández Sevilla y los demás investigados relacionados con el sindicato no prestasen la fianza exigida, «preste en igual plazo de un día la fianza» de 40.750.047 euros solicitada a los mismos.

A continuación, el juez instructor requería a las empresas Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía las fianzas asociadas a las personas investigadas con relación a tales entidades, «para el caso de que los acusados no presten la fianza exigida».