La antigua cúpula de UGT Andalucía irá a juicio en 2024 por el desvío de más de 40 millones

El 15 de enero de 2024. Ésa es la fecha en la que dará comienzo el juicio a los antiguos responsables de UGT Andalucía por el presunto desvío de más de 40 millones de euros en ayudas de la Junta. En el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla se sentarán un total de 14 sindicalistas y empresarios investigados por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

Un mes antes, el 14 de diciembre de 2023, defensas y acusaciones están citadas para exponer las cuestiones previas. La vista se prolongará durante seis meses y 61 sesiones y concluirá, según lo previsto, el 19 de junio de 2024, tal y como detalla la diligencia de ordenación dictada por el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

En diciembre de 2013, en el marco de la operación ‘Cirene’, medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban la sede de UGT-A en Sevilla por orden de la juez Ayala, que inició la investigación. Habrán pasado más de diez años hasta que se depuren responsabilidades.

El magistrado Juan José García Vélez ordenó la apertura de juicio oral tras concluir que «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel para el que fuera secretario general de la UGT-A, Francisco Fernández Sevilla; el exsecretario general de Administración, Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica, María Charpín; la exresponsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez; y el exconsejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea.

También están acusados diez administradores de ocho empresas proveedoras del sindicato -Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía- como «cooperadores necesarios» en el desvío de fondos autonómicos, confeccionando presuntamente facturas falsas para UGT-A que no se correspondían con los servicios prestados.

El juez señala que «en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».