La UCO descubre mails de altos cargos del PSOE que destapan contratos amañados en Faffe por 9,5 millones

El atestado 37/2024 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, contenido en el Tomo XIII del sumario judicial del caso Faffe, que instruye el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla, revela la existencia de una trama perfectamente organizada de adjudicaciones públicas amañadas entre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y un conjunto de empresas colaboradoras, con un perjuicio para las arcas públicas superior a los 9,5 millones de euros. OKDIARIO Andalucía ha tenido acceso al citado atestado, y lo cierto es que deja pocas dudas sobre la corrupción socialista en la extinta Faffe.

Los investigadores han acreditado, mediante el vaciado de correos electrónicos recuperados de los discos duros de antiguos directivos de la Faffe, que existió un «concierto previo» entre responsables de la fundación y varias sociedades privadas para amañar contratos públicos de cursos de formación. Estas adjudicaciones, lejos de seguir un procedimiento competitivo y transparente, eran planificadas de antemano entre ambas partes. La técnica habitual consistía en fraccionar contratos para eludir los umbrales legales y confeccionar expedientes ad hoc con pliegos adaptados al proveedor elegido.

Una de las entidades más favorecidas por este mecanismo fue la empresa Proyempleo, S.L., que recibió un volumen significativo de adjudicaciones bajo sospecha. En uno de los correos clave incorporados al sumario, un alto cargo de la Faffe solicita por email que le «reenvíen urgentemente» las ofertas de Proyempleo porque «las necesitamos para justificar el expediente». Días antes, los responsables de la empresa habían sido avisados del precio exacto que debían ofertar.

El atestado policial detalla cómo estos intercambios de correos no solo demuestran el amaño, sino también la fabricación de competencia ficticia. Varias empresas comparecían formalmente a los concursos, pero los correos revelan que estaban controladas por el mismo grupo o eran meros comparsas para simular concurrencia. En muchos casos, los documentos eran preparados por el propio personal de Faffe, lo que convierte las adjudicaciones en una ficción administrativa.

El modus operandi detectado afecta a contratos ejecutados entre 2009 y 2011, en plena crisis económica, cuando la Junta socialista de Andalucía destinaba millones de euros a formación de parados. Según la UCO, solo en uno de los programas examinados el perjuicio económico estimado asciende a 1,9 millones de euros, pero el conjunto de contratos investigados supera los 9,5 millones.

El documento judicial incluye nombres de directivos y técnicos implicados, como Ana Valls, Carmen Lozano o Manuel Villén, y los sitúa como organizadores o facilitadores de las irregularidades. Algunos de ellos ya han sido llamados a declarar como investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La trama descrita por la Guardia Civil señala una práctica sistemática de gestión fraudulenta dentro de una fundación financiada por la Junta de Andalucía. La aparente impunidad con la que se amañaban contratos, se intercambiaban correos comprometedores y se evitaban controles legales refuerza la sospecha de que existía una estructura de corrupción institucionalizada.

El caso Faffe se encuentra actualmente en fase de instrucción, y este nuevo atestado constituye una pieza clave que podría acelerar las imputaciones de nuevos responsables. El material contenido en el Tomo XIII, que incluye el atestado y 81 anexos, está siendo digitalizado y remitido a las partes personadas, entre ellas el Ministerio Fiscal, la Junta de Andalucía, el Partido Popular, VOX y el Sindicato Andaluz de Funcionarios.