La UCO entregará al juez del ‘caso Faffe’ 18 informes sobre la corrupción socialista en Andalucía

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez José Ignacio Vilaplana el primero de una serie de hasta 18 informes que documentan, de momento y al menos, contrataciones irregulares en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una entidad pública vinculada a anteriores gobiernos socialistas en Andalucía. Este primer informe detalla cómo 84 personas, muchas de ellas con vínculos directos con el PSOE, han sido incorporadas a la fundación sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos en la contratación pública. Ahora, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía por fuentes de la Guardia Civil, el juez que instruye el caso recibirá 17 informes más sobre la corrupción socialista en Faffe.

Entre los casos destacados se encuentra el de Carmen Ibanco, esposa de Juan Espadas, actual portavoz socialista en el Senado y ex secretario general del PSOE andaluz. Según el informe, Ibanco fue contratada en 2007 tras enviar su currículum directamente al director de Recursos Humanos de la Faffe y fue ascendida en 2009 sin que exista constancia documental de un proceso de promoción interna. La UCO considera que este ascenso fue «arbitrario» y no se ajustó a la normativa vigente.

Otro caso relevante es el de Candelaria María Aparicio Méndez, sobrina del ex secretario general de UGT, Cándido Méndez. La UCO ha constatado que su contratación en la Faffe se realizó sin proceso selectivo alguno y que su ascenso a coordinadora de la gerencia provincial de Jaén careció de justificación legal. Una testigo declaró que recibió instrucciones desde Sevilla para contratarla y que se le realizó una «entrevista de trámite» porque ya se sabía que iba a ser contratada.

El informe también señala que muchas de las contrataciones se realizaron mediante entrevistas personales sin documentación que acredite la baremación de los candidatos. Además, se detectaron sueldos con complementos no justificados y contratos temporales extendidos indebidamente. Los investigadores han identificado que en la mayoría de los casos, la principal vía de acceso a un empleo público en la Faffe fue una entrevista personal, sin que existiera un proceso de selección formal.

El juez Vilaplana ha ordenado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que facilite a la UCO toda la documentación relacionada con la contratación de estas personas, incluyendo registros de control horario y candidaturas presentadas para los puestos de trabajo. Además, ha incorporado a la causa correos electrónicos y comunicaciones internas de la Faffe que podrían evidenciar una dinámica de contrataciones alejadas de toda norma legal y llevadas a cabo de manera arbitraria y discrecional.

Este primer informe forma parte de una investigación más amplia que ha llevado a la imputación de 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por un supuesto fraccionamiento ilícito de contratos en la Faffe entre 2008 y 2010, sumando un total de 9,4 millones de euros. Entre los imputados destaca Fernando Villén, ex director de la Faffe, condenado previamente por otros delitos relacionados con el uso fraudulento de fondos públicos.

La UCO continuará entregando al juez Vilaplana los informes restantes en las próximas semanas, que profundizarán en las irregularidades detectadas en la Faffe y en la implicación de altos cargos del PSOE en estas prácticas.