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El Gobierno aumenta hasta los 51 miembros su equipo para fomentar el voto exterior a días de empezar la campaña

El organismo redactó un documento para solventar las «dificultades en el ejercicio del voto desde el exterior»

Se trata del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que pasa de 43 a 51 miembros

El Gobierno aumenta hasta los 51 miembros su equipo para fomentar el voto exterior a días de empezar la campaña
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (EP)

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado el aumento del equipo del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) de los 43 a los 51 miembros electos. Se trata de una entidad dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz que representa a los españoles que viven fuera del país y que, en uno de sus últimos documentos, ofrecía una serie de recomendaciones para aumentar la participación en el voto exterior.

La cartera de la también portavoz del Ejecutivo ha presentado el Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. La normativa, como ha admitido Inclusión, «actualiza la regulación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y de los órganos de representación de la ciudadanía española residente fuera del país».

Entre las modificaciones que incluye este cambio normativo, «aumenta el número de miembros electos del Consejo General de 43 a 51». Estos representantes tienen como objetivo «garantizar la efectividad del derecho de los españoles residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen». También se comprometen a «promover la colaboración de las administraciones públicas en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y a las personas retornadas».

«Formular propuestas»

Una de las funciones que se les atribuyen por normativa es la de «formular propuestas y recomendaciones en relación con los objetivos y la aplicación de los principios inspiradores de las políticas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior».

Siguiendo este mandato, se redactó en 2025 un documento sobre las «dificultades en el ejercicio del voto desde el exterior» tras la reforma de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG). Un informe en el que proponía una serie de «mejoras que contribuyan a subsanar los actuales problemas y a mejorar la participación».

El informe se redactó mientras la Ley de Nietos permitía a los descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad y el sufragio activo. Sin embargo, sus efectos electorales fueron suspendidos por el Supremo. El Ejecutivo y sus socios criticaron la decisión del Alto Tribunal a la vez que restaban importancia al impacto de esa norma en los comicios: argumentaban que la participación exterior estaba por debajo del 10% y que apenas cambiaría un escaño. Mientras tanto, sus organismos redactaban ese documento para «mejorar la participación» de los españoles en el extranjero, lo que redundaría en una mayor influencia en unas futuras elecciones.

Sin embargo, el Supremo finalmente exigió al Gobierno sacar del censo a los extranjeros que adquirieron su nacionalidad después de haber obtenido la ciudadanía sin haber demostrado el exilio de sus ascendientes. En otras palabras, los que se nacionalizaron por la instrucción de Sofía Puente, la hermana del ex ministro de Transportes, que extendía las nacionalizaciones más allá de lo que establecía la norma.

Nueva ayuda económica

El nuevo Real Decreto del Gobierno incluye una disposición final en la que impone al Ejecutivo la aprobación, en el plazo máximo de un año, de la puesta en marcha de una nueva «ayuda económica» para «facilitar el retorno de personas españolas de origen» cuando estas se encuentren en «situación de vulnerabilidad económica».

Inclusión enmarca estas ayudas entre las novedades del nuevo reglamento, junto con la definición de la «condición de persona española retornada», así como «la creación del certificado de persona española retornada», el documento que «permitirá el acceso a las políticas y programas de retorno contemplados en la norma».

Hasta ahora, existe un subsidio, gestionado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, al que tienen derecho las personas españolas que regresen después de haber trabajado en ciertos países. Esta ayuda ya existente pueden solicitarla siempre y cuando no tengan derecho a la prestación contributiva por haber cotizado por desempleo menos de 360 días en los 6 años anteriores a su salida de España.

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