Teresa Rodríguez se pone chula y se sigue refiriendo a «las fechorías del pichabrava»: «No tengo miedo»
Poco. Muy poco le ha importado a la presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional examine una denuncia presentada por la asociación Concordia Real Española, que lidera como portavoz Alfredo Urdaci, contra ella por posibles injurias a la corona.
Antes habrá condena por criticar a la monarquía que sentencia por las fechorías del pichabrava. Yo no tengo ningún miedo.https://t.co/4uhVe4Qup7
— Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) August 9, 2020
OKDIARIO ha hablado con el periodista Alfredo Urdaci, que defiende la acusación como protector de la Constitución, y no exclusivamente de la Corona. De hecho, Urdaci reconoce no ser monárquico.
Las injurias a la Corona están contempladas en el Código Penal en su artículo 491, siendo la Audiencia Nacional el tribunal competente para investigar este tipo delictivo. Desde Concordia Real Española, explica Urdaci, defienden por encima de todo la Constitución y, por tanto, se definen principalmente como constitucionalistas.
«En la Asociación hay gente de izquierdas, monárquicos, no monárquicos e incluso republicanos. No somos monárquicos, defendemos la Constitución. Y denunciaremos a cualquier persona que entendemos que la vulnera. No sólo a personas públicas o de relevancia política, sino a todo aquel que la ataque», explica un Alfredo Urdaci que, de hecho, se muestra contrario a la Corona: «Yo, de hecho, no soy monárquico».
La denuncia no es únicamente contra Teresa Rodríguez, sino también contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana (ERC) y la presidenta del BNG, Ana Pontón.
Fuentes fiscales ya han confirmado la recepción de la denuncia que es muy similar a la planteada por el Foro Baleares, que añadía en la lista de denunciados al coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera.
En todo caso, tanto Aragonès como Rodríguez y Pontón están aforados ante los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas en las que son diputados. En caso de que Fiscalía viera indicios de delito en sus afirmaciones, tendrían que ser estos órganos judiciales los que les investigaran, según las fuentes jurídicas consultadas.
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