Sánchez ha asfixiado a Andalucía en la crisis del coronavirus: el saldo de ayudas es de -100 millones

Pedro Sánchez y Juanma Moreno.
Pedro Sánchez y Juanma Moreno.

La Junta de Andalucía ha logrado posicionarse como una de las tres comunidades que menos impacto económico sufrirán por la crisis del coronavirus, tal y como ha señalado el propio Banco de España, y ser también una de las regiones con menos incidencia del Covid-19 sin ayuda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y no sólo se acusa el hecho de que en el balance no haya aportado fondos, sino que encima debe 100 millones de euros al Gobierno andaluz.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha sostenido este miércoles que el balance de la contribución de la Administración del Estado a Andalucía para afrontar la crisis asociada al coronavirus es de «menos cien millones de euros», por lo que ha sostenido que la Junta de Andalucía afronta «la crisis a pulmón».

Bravo ha comparecido ante la comisión parlamentaria, a petición del PSOE y de Adelante Andalucía, para responder sobre la reestructuración del Presupuesto de 2020 para hacer frente a la crisis del coronavirus. El consejero de Hacienda ha esgrimido que «a la espera» de saber con precisión los fondos que llegaran del Estado para superar la crisis del coronavirus, «la única forma de hacerlo es con nuestro Presupuesto, el servicio autofinanciada».

El consejero de Hacienda ha señalado, como ejemplo de la repercusión de las medidas adoptadas por el Gobierno, «que no está aprobado» que el objetivo de déficit del ejercicio sea del -0,2%, mientras ha reivindicado el acuerdo de 16 de marzo del Consejo de Gobierno para destinar 100 millones de euros para un fondo sanitario, así como los 700 millones del Fondo de Emergencia Social ante el Covid-19.

Bravo, que ha afirmado que «las diputaciones y los ayuntamientos tienen más capacidad», ha señalado sobre la repercusión en la ejecución del Presupuesto que «debemos atender a la necesidad social sin que afecte a la capacidad de gasto del ejercicio corriente».

El consejero de Hacienda ha desgranado algunas medidas presupuestarias adoptadas, entre las que ha apuntado un reajuste de 89,9 millones de diversas consejerías, de 109 millones de euros de diferentes empresas públicas, de 23 millones de euros de la Alhambra, o de 135 millones de las universidades. «Esto es lo que hay», ha apostillado Bravo.

Bravo ha proseguido señalando, sobre la relación con las ayudas procedentes del Estado, que la Administración central «no computará como gasto sanitario del capítulo I todo lo que no sea gasto extraordinario, pero sí todo el gasto destinado a la concertada», mientras ha apuntado los 310 millones afrontados por Andalucía por este concepto.

El diputado del PSOE Antonio Ramírez de Arellano ha reprochado al consejero de Hacienda que «no haya atendido el objeto de la comparencia», por lo que ha esgrimido que el Gobierno se caracteriza por «la falta de transparencia y la propensión a la propaganda».

Arellano ha reclamado al consejero de Hacienda «el reflejo presupuestario de sus anuncios», así como le ha invitado a «diferenciar lo previsto de lo extraordinario», en alusión al gasto presupuestario para contrarrestar los efectos del coronavirus.

El diputado del PSOE, que ha aludido a una reordenación presupuestaria de 700 millones cifrada por el propio Gobierno andaluz, ha reprochado a Bravo las alusiones al «gasto superfluo», además de apuntar que «intenta engañar a los rectores con los remanentes presupuestarios», por lo que ha sostenido que «es un recorte» disponer de 135 millones de ese concepto presupuestario de las universidades.

El otro grupo parlamentario proponente de la comparecencia, Adelante Andalucía, ha reclamado por medio de su diputado Guzmán Ahumada conocer «cuál es el gasto extraordinario en sanidad» y ha interpelado al consejero de Hacienda a «cuando van a mostrar las cuentas» , por lo que ha apuntado que «con los datos claros podremos ir a defender a Andalucía donde sea».

Ahumada ha sostenido que «el gasto social de la Junta ni siquiera llega a 50 millones y estoy siendo muy generoso», por lo que ha instado a Bravo a que detallase «qué parte de los 700 millones va a gasto social extraordinario».

El parlamentario de Adelante Andalucía ha apuntado también hacia «los 135 millones de recorte de financiación a las universidades», en referencia al remanente de las universidades, por lo que ha hablado de «juego de trileros».

El diputado del PP, Pablo Venzal, ha abundado, como el consejero de Hacienda, en «ese saldo negativo de 100 millones» con el Estado sobre las ayudas percibidas, y ha apuntado «la falta de transferencias corrientes del Estado para la generación de crédito», por lo que ha sostenido que «no puede haber gasto sin ingresos» y ha concluido que «se está atentando contra la autonomía financiera» de las comunidades.

El diputado de Cs, Carlos Hernández White, ha defendido que «el Gobierno andaluz ha actuado con rapidez y de forma coordinada», mientras ha recordado que «el dinero público no cae del cielo», por lo que ha apuntado que en los ejercicios 2021-2022 habrá «una pronunciada caída de ingresos públicos», así como ha elogiado la decisión del Gobierno andaluz de reprogramar fondos europeos.

Hernández White ha descrito a Andalucía como «una comunidad infrafinanciada» y ha reclamado que «el criterio de la población sea el de más peso» en el reparto de los 16.000 millones anunciados por el Gobierno para gasto social extraordinario. «Andalucía no está recibiendo el reparto que merece», ha insistido el representante de Cs.

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