La ‘Reina Melchor’ culpa a la Junta socialista de desviar 6.500 € en caramelos para la Cabalgata de Reyes

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha arrancado esta semana el juicio contra la exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y exgerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) de la Junta, Ana María Orihuela, por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación. La Fiscalía pide seis años de cárcel para la acusada.

El tribunal investiga la presunta gestión irregular de Formades, que impartía cursos de formación para los parados andaluces y que recibió hasta 5,5 millones de euros en subvenciones. Orihuela habría contratado supuestamente «servicios con familiares y amigos -concretamente, a su hijo y a su sobrino, que se enfrentan a dos años y medio de cárcel- faltando a los más elementales deberes legales» y eludiendo las reglas de contratación. Orihuela ha defendido que por entonces no tenía «relación personal» con su hijo.

Asimismo, se le acusa de utilizar las subvenciones para pagar los gastos de la Cabalgata de Reyes de Almonte de 2009, en la que la socialista hizo de Rey Melchor, y para la que el consorcio destinó 6.500 euros en caramelos y baratijas. La exconcejal del PSOE ha asegurado que la dirección general de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía «autorizó» dichos gastos.

El déficit de justificación de las inversiones fue de 562.000 euros en 2008 y de 220.000 euros en 2009. «Me siento culpable de la gestión y pido perdón», ha manifestado Orihuela en el juicio, aunque «no me consta que se hiciera nada mal».

Su hijo recibió más de 450.000 €

A tal efecto, la Fiscalía considera que mientras «el consorcio necesitaba sostener unos gastos de funcionamiento como gastos generales, que debían ser justificados en atención a criterios de proporcionalidad», Orihuela «comenzó a contratar dichos servicios con familiares y amigos, faltando a los más elementales deberes legales y soslayando de modo absoluto las reglas de contratación que se exigen en la legislación de las subvenciones» de las que se nutría esta entidad pública.

Como gerente del consorcio, según la Fiscalía Anticorrupción, Orihuela «adjudicó contratos sin licitación previa», «aceptó que familiares y amistades presentaran facturas que en modo alguno cumplen con la legislación vigente, de tal manera que ni describen la realidad del servicio, ni puede saberse si este se hizo» el mismo y «fraccionó contratos de manera que no superaran los límites de 12.000 euros para la prestación de servicios».

Según la Fiscalía, el hijo de Orihuela, también acusado en este juicio, fue contratado «directamente» para labores de mantenimiento, sin licitación, recibiendo en total 452.895,82 euros de las subvenciones ya descritas por tareas que «no pueden concretarse ni acreditarse» y mediando algunas facturas «duplicadas».

Frente a ello, Orihuela ha defendido ante el tribunal que desde el consorcio promovió la confección de los correspondientes pliegos de licitación para la contratación de tales servicios, pero según ha señalado los documentos confeccionados por el consorcio nunca fueron aprobados por la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía, extremo que ha reiterado varias veces.

9.000 € en comidas para la Cabalgata

En cuanto a los 6.555 euros de los fondos del consorcio que habrían sido destinados a «regalos y caramelos para la Cabalgata de Reyes» de Almonte de 2009, en la que ella encarnaba a la reina Melchor, Orihuela ha manifestado que a la entidad le fue solicitada una «aportación» para el citado cortejo real y que todo fue realizado «previo permiso de la Dirección General» de Formación, entonces ostentada por María José Lara. «Yo pedí permiso. Sabían cada paso que di», ha aseverado, desvinculando esos gastos del hecho de que ella ejerciese como reina Melchor en la Cabalgata.

También ha respondido a gastos por más de 9.000 euros en comidas, alegando que el consorcio necesitaba celebrar encuentros con los empresarios y agentes sociales para conocer las «demandas» de los mismos, admitiendo en paralelo que «posiblemente» no fuese una función del consorcio financiar unas excursiones con catering de familias de presos a la cárcel de Huelva para celebrar visitas, como así sucedió.

No obstante, Ana María Orihuela ha reiterado que ella «pedía permiso» a la Dirección General de Formación para la financiación de estas actividades.

La contratación de su hijo

En ese marco, ha asegurado que «jamás» ordenó la contratación de su hijo y también acusado en la causa, Juan Manuel Orihuela, alegando que su vástago, contratado sin licitación según la Fiscalía, estaba «prorrogado» por contrataciones previas del consorcio en los servicios de mantenimiento porque «no salían» los pliegos destinados a la licitación de tales trabajos. Ella supo de su contratación «a posteriori», según ha asegurado.

Es más, ha manifestado que ya entonces su hijo y ella no residían juntos e incluso no tenía «ninguna relación con él» porque había «un problema» personal entre ambos. «Y yo me lo creo», le ha replicado entre otros aspectos el fiscal encargado del caso, Fernando Soto, mientras ella manifestaba que en todo momento informó a la Dirección General de Formación de que su hijo estaba siendo objeto de contrataciones por parte de la entidad.

Del mismo modo, ha defendido que no le «suena» que diese instrucciones para que se encargase a su hijo el suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, remitiéndose a los técnicos del consorcio respecto a ese extremo. «Yo tenía que recurrir a mis técnicos», ha subrayado mientras se encogía de hombros.

Me siento «culpable»

En el caso de las contrataciones en favor de Cristóbal Ojeda Orihuela, sobrino de la exconcejal socialista y también acusado en el juicio, ha negado que sus funciones de vigilancia fueran duplicadas respecto al contrato con la empresa Esabe, porque esta otra sólo habría sido contratada para momentos «puntuales», según ha precisado, alegando que nunca dio «ni un paso» sin la autorización de la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía.

Además, ha argumentado que como gerente, ella no estaba «detrás de los trabajadores para comprobar si se cumplían» los encargos contratados, pidiendo «perdón» por las incidencias administrativas que fuesen detectadas porque se siente «culpable» de las mismas.

En cuanto a Juan Francisco Millán, quien según la Fiscalía habría acordado con Orihuela «los servicios veterinarios fraccionando estos, evitando así llegar al límite de la ley de contratos públicos», la acusada ha jurado «por Dios» que no fraccionó tales contrataciones, atribuyendo las contrataciones en favor de esta persona a que «seguramente» ya había contratos previos con él antes de desembarcar ella en la gestión.

«Los pliegos no salían»

«Los pliegos no salían», ha insistido atribuyendo tal extremo a la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo y relatando que mientras ella necesitaba contratar servicios para el funcionamiento del consorcio y reclamaba la autorización de los citados pliegos, desde dicho departamento autonómico le pedían que «esperase». «Yo tenía que trabajar con facturas», ha agregado en ese mismo sentido.

Y ante las acusaciones de la Fiscalía de incidencias por falta de justificación del destino de las ayudas de las que se alimentaba el consorcio, pesando que en 2011 el interventor habría descubierto «irregularidades en facturas expedidas por el hijo» de la acusada y la falta de «contratación con éste y otros proveedores siempre de la órbita familiar de la misma»; Ana María Orihuela ha manifestado que era el administrador del consorcio quien le presentaba las justificaciones y ella daba por bueno su trabajo porque se trataba de un técnico «capacitado» para tales gestiones.

Así, ha asegurado que ella firmaba «el trabajo hecho por el administrador» y elevaba la documentación a la Dirección General de Formación, como departamento autonómico promotor de las ayudas de las que se nutría el consorcio.