Prisión para dos empresarios por recibir ilegalmente casi 400.000 € de la Junta socialista de Andalucía

Nueva condena por la corrupción que durante casi 40 años ha estado llevando a cabo el PSOE en la Junta de Andalucía. La Audiencia de Sevilla ha condenado, en una pieza de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, a dos empresarios, Juan R.C. y María Josefa C.G., por su implicación en la obtención irregular de un préstamo de 384.841 euros concedido por la Junta socialista de Andalucía.

La sentencia condena a Juan R.C. a dos años y medio de cárcel, así como a inhabilitación absoluta por malversación y a cuatro años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, con atenuante de dilaciones indebidas. María Josefa C.G., por su parte, ha sido condenada a dos años de prisión y de inhabilitación absoluta por malversación y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación. Además, se les ordena indemnizar conjuntamente a la Junta de Andalucía por el préstamo fraudulento.

La sentencia establece que las empresas EDM y Séneca disfrutaron de ayudas por aproximadamente seis millones de euros a través de subvenciones gestionadas por entidades públicas. En 2008, cuando estas empresas enfrentaron una crisis empresarial, dejaron de cumplir con obligaciones tributarias, nóminas y pagos a terceros, lo que resultó en el embargo de subvenciones por parte del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Jaén.

En este contexto, los condenados solicitaron una ayuda a la Junta a pesar de conocer el embargo. Gracias a las gestiones realizadas por el entonces director de Inversiones de IDEA -dependiente de la Junta de Andalucía-, Bienvenido Martínez, se formalizó un préstamo a EDM-Séneca sin seguir el procedimiento adecuado y con pleno conocimiento de la incapacidad de devolver la suma recibida.

Los inculpados negaron en su comparecencia haberse enriquecido personalmente con este asunto. Juan R.C. argumentó que asumió la dirección de las empresas cuando el préstamo ya estaba concedido, mientras que María Josefa C.G. afirmó no haber participado en la solicitud de fondos ni haberla firmado. Ambos sostuvieron que no obtuvieron beneficio personal de la situación.

La sentencia asume que, a pesar de entregarse el dinero, no se exigieron documentos justificativos del destino de la subvención, y las empresas no realizaron ninguna labor de justificación. En resumen, la decisión judicial condena a los empresarios por su participación consciente en la obtención irregular de fondos públicos y su uso indebido.

Según el tribunal, se trató de una subvención concedida «a sabiendas de que no se iba a devolver» y que se otorgó «de modo arbitrario, sin sujeción a formalidad alguna, sin atención a fines legítimos, sin previsión sobre el cumplimiento de condiciones y sin más base que la simple voluntad discrecional de otorgarla» por parte del entonces director de Inversiones de IDEA».

El tribunal descarta además que los empresarios desconociesen tales extremos porque tenían «un notable manejo de los conceptos de ayuda y subvención pública», dado el volumen de ayudas recibidas previamente, con lo que ambos condenados participaron «de manera activa y directa en el proceso para el otorgamiento de la ayuda fuera de todo marco jurídico» y que lo hicieron «conociendo de ese carácter».