El PP exige una inhabilitación de 15 años para los políticos que llamen a la okupación ilegal

El auge de las okupaciones en Andalucía está provocando un terremoto político en el que la izquierda o bien calla o bien excusa este tipo de delitos. Sin ir más lejos, desde Adelante Andalucía (convergencia entre Podemos e IU), exigen paralizar todo tipo de desahucios. Por ello, desde el PP exigen una inhabilitación de 15 años para todo político que azuce la okupación.

El vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha señalado que dentro de las medidas contra la ocupación ilegal que ha presentado su partido, se encuentra la petición jurídica de una pena de hasta 15 años de inhabilitación para todo político que llame a la ocupación ilegal de viviendas, argumentando que «la política debe estar reñida con la ilegalidad».

En declaraciones a los periodistas en El Puerto de Santa María (Cádiz), González Terol ha afirmado que van a «luchar contra las mafias y contra los que quieren ocupar una vivienda ilegalmente» y por eso han registrado una Proposición No de Ley «para reforzar jurídicamente» la situación y «que no quede ningún resquicio legal al que se puedan acoger los ocupas para invadir una propiedad privada».

Así, ha señalado que el PP pide una modificación del Código Civil para que pueda implicarse a las personas jurídicas en los delitos vinculados con la ocupación, así como una modificación para que se pueda desocupar una vivienda «en tan solo 12 horas».

Igualmente, ha indicado que piden un «refuerzo legislativo para que las comunidades de propietarios donde se haya ocupado viviendas y no haya sido denunciado por los propietarios puedan tomar medidas, como incluso tapiar la vivienda ocupada dentro de la comunidad de propietarios para que eso no cause malestar a los que tienen que convivir con ocupas que no respetan las mínimas normas de convivencia».

González Terol ha manifestado que el PP quiere «que se pueda dar cobertura legal a esas 87.000 familias que han visto ocupadas sus viviendas ilegalmente», así como «reforzar el delito de usurpación en el Código Penal, que pueda ser penado de uno a tres años de cárcel».