Policías de Granada piden que la marihuana incautada se custodie fuera de la Jefatura por salud laboral

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Granada que habilite un nuevo almacén fuera de la Jefatura para la custodia de las sustancias estupefacientes que diariamente interviene este Cuerpo, dado que la gran cantidad de marihuana que se acumula en estas instalaciones está derivando en «problemas de salud» para los agentes.

El sindicato ha solicitado una reunión con el subdelegado, José Antonio Montilla, para exponerle esta reivindicación histórica. Los numerosos kilos de marihuana que se custodian en este lugar durante largas temporadas -es el juez el que decide la destrucción de la droga cuando culmina el proceso judicial- están expuestos a altas temperaturas, de modo que se van «pudriendo, soltando caldo en el suelo» y generando olores que se cuelan por los conductos de ventilación de las instalaciones policiales.

«El almacén de sustancias estupefacientes no tiene que estar en la Jefatura puesto que genera muchísimos problemas de salud a los compañeros que allí trabajan. Detrás hay un colegio también y viviendas», relata el secretario general del SUP en Granada, César Calín, quien explica que es la Subdelegación del Gobierno la que tiene que habilitar un nuevo almacén fuera de las dependencias policiales, pero la petición va pasando de un subdelegado a otro en la provincia sin que se tomen medidas.

El almacenamiento en dependencias de la Jefatura de los estupefacientes incautados en las distintas operaciones antidroga garantiza una «custodia fácil» hasta su destrucción por orden judicial, pero el SUP apuesta por ubicar este almacén en el puerto de Motril, como ya ocurre en otras provincias, dado que es un lugar retirado de cualquier vivienda o centro de trabajo y con controles de acceso.

Este enclave permitiría, de hecho, crear un almacén conjunto para la droga incautada tanto por la Policía Nacional como de la Guardia Civil y habilitar una custodia mixta con ambos cuerpos, con lo que se aseguraría una vigilancia adecuada y se «resolverían de un plumazo todos los problemas de salud laboral» que genera el almacenamiento en instalaciones policiales, relata Calín. El asunto debería ser negociado con el Puerto de Motril, pero ya hay experiencias positivas en otras provincias.

Sólo en abril la Policía Nacional informó del decomiso de más de 2.700 plantas de marihuana en varios puntos de la provincia, aunque hay meses en que esta cifra llega a duplicarse, como ocurrió el pasado febrero cuando se contabilizaron unas 4.400 plantas desmanteladas.