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El narcotráfico en el Campo de Gibraltar ha dejado ya, desde 2017, 150 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil heridos «víctimas de ataques por parte de los narcos», según han denunciado este martes la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).
Los citados colectivos se han unido esta jornada para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que «reconozca» el trabajo de los agentes que se «juegan la vida en el Campo de Gibraltar luchando contra los grupos criminales de tráfico de drogas», coincidiendo con el reciente fallecimiento de un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera tras caer al mar un helicóptero que perseguía a una narcolancha en el Estrecho de Gibraltar. Además de la muerte del operador, el siniestro dejó dos heridos, el piloto y el copiloto del aparato.
Así, tanto policías como guardias civiles han exigido a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que actúen de una vez por todas y que «inviertan dinero» en recursos humanos y materiales para hacer frente a la lucha contra el narco en óptimas condiciones.
Piden «respaldo» y no sólo «elogios»
En una nota de prensa, los citados sindicatos policiales defienden que esta reivindicación «debe formar parte de las prioridades de Interior y Hacienda para los próximos meses y que los «elogios públicos» a las operaciones antidroga se vean «acompañados del necesario respaldo de las capacidades de colectivo de servidores públicos».
De este modo, CEP, AEGC y CSIF reclaman al Gobierno la «aprobación urgente» de un «Plan Especial en materia de recursos humanos, materiales y en capacidades retributivas para los compañeros que trabajan en el Campo de Gibraltar y que se exponen a la «criminalidad organizada y peligrosidad que supone desarrollarla en el Campo de Gibraltar».
En este sentido, estos colectivos recuerdan que desde 2017 unos 150 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil han sido «víctimas de ataques por parte de los narcos», por lo que piden que el Estado invierta dinero «no sólo en el pago de las dietas de Unidades de refuerzo desplazadas desde otros puntos de la Península, sino en la mejora de las condiciones salariales de los funcionarios que trabajan habitualmente allí», concluye el comunicado.
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