Ni cárcel ni expulsión: multa de 150 € al inmigrante que atacó con un garfio a un guardia civil en Ceuta

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 17/06/2025 14:11
  • Actualizado: 18/06/2025 10:23

El inmigrante ilegal que atacó con un garfio a un agente de la Guardia Civil en la valla de Ceuta ha sido condenado a dos años de cárcel y 150 euros de multa, aunque la pena de prisión ha quedado suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir durante los tres próximos años. Tampoco será expulsado del país porque ha reconocido los hechos.

La agresión tuvo lugar el pasado 11 de mayo, en una zona intermedia de los 8,2 kilómetros de frontera terrestre que separan Ceuta de Marruecos, entre las fronteras de El Tarajal y Benzú. El inmigrante, de 18 años y origen subsahariano, atacó al agente con la empuñadura del garfio que usó para escalar el doble vallado fronterizo. El guardia civil sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado al servicio de Urgencias de una clínica de la ciudad para ser tratado de las lesiones.

Según informó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el inmigrante cruzó la frontera de forma ilegal y «violenta», aunque fue localizado y detenido por patrullas de la Guardia Civil ese mismo día, en las proximidades del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma.

Tras su puesta a disposición judicial, el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Ceuta ordenó el 12 de mayo, un día después de los hechos, su ingreso en prisión provisional, donde ha permanecido unos dos meses, hasta la fecha del juicio. La sentencia fija dos años de prisión por un delito de atentado a la autoridad y multa de cinco euros diarios durante un mes por un delito leve de lesiones. Por cada dos cuotas que no abone, se le sumará un día de más de cárcel.

No obstante, la pena de prisión ha quedado suspendida y el inmigrante no deberá regresar a la cárcel al haber aceptado una pena no superior a los 24 meses de privación de libertad. El procesado se enfrentaba a más de tres años, pero el reconocimiento de los hechos ha evitado el juicio y propiciado que la Fiscalía rebajara su petición inicial. Al ser extracomunitario, se barajó su expulsión del país, opción que quedó descartada tras alcanzarse una sentencia de conformidad.