Un narco muerto y dos guardias civiles heridos al chocar una narcolancha y una patrullera en Sanlúcar
La narcolancha intentaba alijar droga en la desembocadura del río Guadalquivir
Un presunto narcotraficante que iba a bordo de una embarcación semirrígida ha muerto este jueves en una colisión con una patrullera de la Guardia Civil a la altura de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), durante un servicio de prevención del narcotráfico. Dos agentes han resultado heridos leves con contusiones.
La narcolancha fue interceptada en la desembocadura del río Guadalquivir durante la madrugada por una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, llegando a impactar lateralmente en un momento de la intervención.
Los otros dos ocupantes de la narcolancha huyeron hacia la orilla del Coto Doñana abandonando a su compañero en la orilla de Huelva, según han señalado fuentes del Instituto Armado. Posteriormente, cuando los agentes de la Guardia Civil intentaban recuperar al narco herido, volvieron a la narcolancha para prenderle fuego y huir de nuevo por el Coto.
La Guardia Civil practicó maniobras de reanimación al herido, aunque finalmente falleció a pesar de los constantes intentos de los agentes por salvar su vida.
Jucil ha detallado que «pese a que los miembros de la Guardia Civil atendieron de inmediato al ocupante herido de la narcolancha, no pudieron trasladarlo debido a los graves daños que sufrió la patrullera» Río Irati, que quedó «fuera de servicio por una vía de agua». «Nuestros compañeros hicieron todo lo posible, pero la situación era extrema. La embarcación no estaba en condiciones operativas para ayudar y tuvieron que esperar la llegada de refuerzos», apuntan.
Ya el pasado 1 de septiembre un narco murió en Sanlúcar durante una intervención policial. La narcolancha colisionó contra la costa y volcó, dejando otros cuatro narcos heridos. La Guardia Civil detectó aquella noche ocho narcolanchas entrando a gran velocidad por el río Guadalquivir, iniciándose una persecución. Una de las embarcaciones cruzó el río de lado a lado a máxima potencia, colisionó contra la orilla y acabó boca abajo. El dispositivo, formado por un helicóptero y agentes del Servicio Marítimo, impidió el alijo de 121 fardos de hachís.
«Escalada de violencia»
Tras lo ocurrido este jueves en Sanlúcar, los sindicatos de la Guardia Civil han denunciado la «escalada de violencia» que los agentes sufren en cada operación e insisten en el urgente reconocimiento como profesión de riesgo.
El secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, ha señalado en una nota que la patrullera Río Irati de la Guardia Civil ha quedado «inoperativa», «un ejemplo más de la situación crítica que enfrentan los guardias civiles que están destinados en Cádiz y el Campo de Gibraltar».
«Nuestros compañeros están sometidos a un estrés brutal y a un riesgo constante de violencia que ya no es aceptable. Están realmente agotados, no sólo por el peligro al que se enfrentan en cada intervención, sino también por la falta de recursos y de apoyo suficiente. Lo que pasa en Cádiz es muy, muy duro, tanto para ellos como para sus familias», ha añadido Leal.
El portavoz de Jucil ha afirmado que «la creciente agresividad de las mafias del narcotráfico en la zona está erosionando el principio de autoridad» y «cada operación supone una escalada en la violencia». «La Guardia Civil no puede seguir enfrentándose a mafias armadas y peligrosas sin los medios adecuados, no es sólo una cuestión de recursos, sino de voluntad política para defender el orden y la seguridad en nuestras fronteras», ha zanjado.
Por su parte, la AUGC ha manifestado que este accidente «es un claro ejemplo de que los guardias civiles, especialmente aquellos destinados a operaciones de alto riesgo, se exponen cada día a peligros extremos en su lucha contra redes criminales violentas y organizadas», pero «sus condiciones laborales y los beneficios en caso de accidente o incapacidad no están a la altura de los sacrificios que realizan».
Por ello, la asociación ha exigido una vez más al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «que asuma su responsabilidad y avance en el reconocimiento de los guardias civiles como profesión de riesgo con carácter urgente», ya que actualmente se encuentran «en una situación de vulnerabilidad tanto en el desempeño de su labor como en términos de Seguridad Social y protección en caso de lesiones».
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