Andalucía
Caso ERE

Máxima humillación para los andaluces: pagarán los abogados de socialistas condenados por los ERE

El Constitucional no suspende la prisión a 7 condenados por los ERE mientras Griñán sigue en su casa

El presidente del PSOE de los ERE siente «vergüenza» por Moreno y no por la corrupción en su partido

Griñán no pedirá al Constitucional la suspensión de su ingreso en la cárcel pero mantendrá su recurso

Máxima humillación del PSOE a los andaluces. No les bastó con malversar 680 millones, ni con gastarse el dinero de los parados en prostíbulos y cocaína, ahora los andaluces tienen que ver cómo su dinero va a parar a los abogados de varios de los condenados socialistas por el ‘caso ERE’. Y es que se reconoce el derecho de diferentes ex altos cargos de la Consejería de Empleo a que la Administración andaluza sufrague sus costes de defensa en procesos relativos a la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a la Junta.

La actual Consejería de Empleo ha defendido que se ve «obligada a acatar los pronunciamientos judiciales» y que solicitará la devolución de los honorarios en los casos en los que «se dicte sentencia condenatoria firme». Según la Consejería de Empleo, «una vez desestimados los recursos, la Junta no es que acepte el pago, sino que se ve obligada a acatar los pronunciamientos judiciales», asegurando que acatará la decisión del TSJA en uno de los casos y que motiva el desestimiento en el resto de recursos, si bien solicitará «la revocación y devolución de los honorarios pagados en todos aquellos casos en los que finalmente se dicte sentencia condenatoria firme».

Según figura en el texto de la orden de dicha Consejería, los citados procedimientos judiciales derivan de «recursos contencioso-administrativos de ex altos cargos de la Consejería de Empleo (entre ellos el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero) en reclamación del reconocimiento del derecho al abono de los honorarios por representación y defensa de abogado y procurador en procedimientos de tipo judicial vinculados» con la macrocausa de los ERE fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía, salvo el caso de unos de los procedimientos, que corresponde a la causa judicial del nexo entre la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y las contrataciones de la empresa Umax Informática y Consultoría.

La orden expone que en estos seis procedimientos judiciales, «frente a las sentencias estimatorias de las demandas» que solicitaban el reconocimiento del derecho al abono por parte de la Junta de los honorarios por representación y defensa de abogado y procurador, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía preparó sus correspondientes recursos de casación.

Pero según recoge esta orden, en el asunto ha pesado que la sede granadina del TSJA emitió el pasado 16 de mayo una providencia respecto al recurso de casación autonómica promovido en el caso de uno de estos procedimientos judiciales, declarando la no admisión a trámite del recurso de casación autonómica frente a la decisión de reconocer el derecho del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera a que la Junta sufragase sus gastos de defensa judicial, «al no apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia».

Costas

A la hora de no admitir a trámite el recurso de casación de la Junta, el TSJA impuso además a la Administración autonómica el pago de las costas procesales por importe de 1.000 euros, según agrega la orden, que argumenta que «siendo similares los recursos de casación autonómicos preparados en los demás casos, la sala de Granada, con toda probabilidad, se pronunciará en el mismo sentido de inadmisión de los recursos, con la posible imposición de costas procesales a la Junta».

Por eso, el documento indica que «siendo seguido este Gabinete Jurídico en sus demás escritos de preparación de casación autonómica similar línea argumental a la expuesta en el recurso de casación autonómico que ya ha sido inadmitido, y ante la posible imposición de costas procesales a la Junta con cada subsiguiente inadmisión», procede solicitar «autorización para desistir de los recursos de casación ya mencionados, extremo que finalmente concede la consejera del ramo, Rocío Blanco, al objeto de desistir de los mencionados recursos.