Griñán a la desesperada: no ve «ni una sola irregularidad» en los ERE y pide al Supremo que le absuelva

La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de prevaricación y malversación a los que fue condenado por el caso ERE porque no considera acreditada su participación en el que ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de España.

El ex dirigente socialista se enfrenta este martes a la revisión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que le condenó, junto a otros 18 ex altos cargos del PSOE andaluz, por repartir de forma discrecional y durante casi una década 679 millones de euros de fondos públicos reservados a ayudas sociolaborales y para empresas en crisis.

Sin embargo, para Griñán no existió «ninguna irregularidad». Es más, parte de su estrategia se ha basado en cargar contra la sentencia que, en noviembre de 2019, le condenó a una pena de 6 años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años por un delito de prevaricación, así como a 10 de años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de malversación.

Así, ha acusado al tribunal que redactó el fallo impugnado de «confundir actuaciones políticas con actuaciones administrativas». En su recurso de casación, el abogado de José Antonio Griñán ya esgrimía que el ex presidente de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 fue condenado atendiendo a «meras presunciones y presunciones de presunciones». Según su versión, la sentencia «no describe una actuación ilegal», ya que el también ministro durante los últimos gobiernos de Felipe González siguió «siempre el criterio de los informes favorables de la Intervención General».

A este respecto, la defensa de Griñán ha aseverado que no tuvo «ninguna relación» con los hechos probados considerados núcleo de la causa, es decir, la puesta en marcha del supuesto programa de subvenciones. «No tiene relación con la creación de ese mecanismo», ha señalado para luego reiterar que «no tiene nada que ver ni con las subvenciones, ni con el convenio ni con las ayudas individuales».

Por ello, ha concluido que en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla no aparece descrito que Griñán tuviera capacidad de disposición de los fondos supuestamente malversados, por lo que «no puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos», ha asegurado.

Modificar los hechos 

Por otra parte, el abogado de José Antonio Griñán ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal «modificar» los hechos probados «atendiendo a documentos que ponemos delante de sus ojos para que advierta en la apreciación de la prueba».

De este modo, ha pedido introducir la cuantía plena de los presupuestos de los años objeto de enjuiciamiento en el caso ERE porque así se «podrá conocer la importancia relativa» de la partida cuyos fondos presuntamente se desviaron. Según el abogado de Griñán, esta información es «exculpatoria» porque, a su juicio, demuestra que el entonces consejero de Economía y Hacienda no podía ser responsable de toda la documentación que llegaba a sus manos, que debía delegar por el principio de confianza en sus unidades administrativas.

Por último, y en línea con los argumentos con los que el ex dirigente socialista ha tratado de socavar la imagen de la Audiencia Provincial de Sevilla, la defensa de José Antonio Griñán ha aludido a la infracción de normas constitucionales. En concreto, a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia.

Elecciones

Ahora la decisión está en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tras la vista tendrá que dictaminar si, como pide la Fiscalía, confirma las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla a los 19 ex altos cargos del PSOE por su implicación en el caso ERE o si, como solicitan las defensas, absuelve a los condenados.

Esta sentencia, no obstante, no se hará pública hasta que finalice la campaña electoral de las elecciones andaluzas que se celebran el próximo 19 de junio. Hasta entonces, los presuntos responsables de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España seguirán sin ser condenados en firme.