Griñán se somete al examen forense que decidirá si su cáncer de próstata puede ser tratado en prisión

El ex presidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel por prevaricación y malversación en el caso ERE, ha acudido este martes a las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) en Sevilla para ser explorado por un médico forense a cuenta de su cáncer de próstata.

Una vez entrevistado por el facultativo y emitido el informe forense, la Audiencia dará traslado del mismo a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre si Griñán debe entrar o no en prisión. Tras ello, el tribunal dictará la decisión definitiva.

Durante el examen médico a Griñán, de 76 años, no se le han tomado muestras de sangre ni se le han realizado otras pruebas diagnósticas, según han confirmado fuentes judiciales a EFE.

Seis de los ocho condenados, ya en prisión

El otrora líder del PSOE solicitó a la Audiencia Provincial suspender su ingreso en prisión por una «enfermedad grave sobrevenida» y el IML ha de remitir ahora un informe a los tribunales indicando si el ingreso en la cárcel de Griñán tendría o no incidencia en el desarrollo de su enfermedad o en el tratamiento prescrito. Según su abogado, que el ex presidente andaluz entre en la cárcel «podría reducir su expectativa de vida».

De los ocho condenados, seis han ingresado ya en prisión. A las 23:59 horas de este pasado lunes expiraba el plazo de diez días habilitado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario en un centro penitenciario de la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. Todos ellos cumplieron con el plazo.

Estos seis ex altos cargo de la Junta socialista de Andalucía fueron condenados a diferentes penas de cárcel por malversación en el citado mecanismo o «procedimiento específico» de financiación de los ERE fraudulentos y subvenciones arbitrarias a empresas, junto con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. La Audiencia suspendió la entrada en prisión de este último por enfermedad grave.

Respecto a Juan Márquez, y después de que el Tribunal Supremo redujese su pena de siete años y un día de prisión a tres años al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño, la Sección Primera de la Audiencia accedió a suspender un año su ingreso en prisión a la espera del resultado de la petición de indulto parcial solicitada por su defensa al Ministerio de Justicia. Su pena es considerablemente inferior a la del resto de condenados.

En el caso de Agustín Barberá, aunque la Sección Primera de la Audiencia desestimó su recurso de súplica en la fase de ejecución de la sentencia, sí accedió a suspender su ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su defensa en base al artículo 80.4 del Código Penal, relativo al caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Al igual que Griñán, está pendiente del informe del médico forense.