La Fiscalía de Ceuta cita a seis guardias civiles por la expulsión a Marruecos de dos menas

La Fiscalía de Ceuta ha citado a testificar en calidad de investigados a seis guardias civiles de la Compañía Fiscal acusados de un presunto delito de prevaricación en la devolución a Marruecos de dos menores extranjeros no acompañados (menas) de 15 y 16 años.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado 28 de noviembre, cuando dos funcionarios del Instituto Armado, supuestamente y según denuncian varias ONGs, expulsaron a los citados menas de nacionalidad marroquí al país vecino. La devolución de inmigrantes ilegales permanecía suspendida desde el mes de agosto por orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el Ministerio Público también tomará declaración, en este caso como testigos, a varios efectivos del Servicio Marítimo del Instituto Armado en el marco de la investigación abierta después de que a principios de diciembre recibiese una denuncia de Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, NoNameKitchen, Maakum y Fundación Raíces.

La Fiscalía ha revisado ya «más de diez horas» de grabaciones de las cámaras de seguridad tanto de la Autoridad Portuaria, donde supuestamente los dos menores fueron rescatados del agua por una embarcación oficial, como la de la Guardia Civil, a la que también se le pidieron los audios de todas las comunicaciones de su Centro Operativo de Servicios, la identificación de los agentes de guardia aquel día y las minutas de intervención en prevención de intrusión indebida en los muelles o en buques.

En las cintas se ve un rescate en el mar y la posterior llegada de un vehículo oficial que alcanza a la frontera y la abandona poco después sin que se pueda apreciar su interior con claridad.

Polizones

Según la denuncia de las ONGs, los dos inmigrantes menores de edad se encontraban en el puerto junto a un amigo intentando subir a un ferry como polizones cuando fueron interceptados por una lancha de la Guardia Civil y llevados a dependencias del Instituto Armado, donde dieron cuenta de sus datos y de que estaban alojados en el equipamiento de emergencia de Piniers habilitado tras la crisis migratoria de mayo «sin que en ningún momento fueran asistidos por intérprete, abogado o representante del Área de Menores».

Acto seguido habrían sido subidos a un coche de la Benemérita para, acompañados por dos agentes, ser llevados hasta la frontera. Allí «imploraron llorando a los agentes que no les expulsaran, que eran menores y que querían quedarse en España», pero aún así «los dos guardias civiles les cogieron de las manos y les forzaron a salir por una puerta para entregarlos a los policías marroquíes», según la acusación de las ONGs.

Las entidades denunciantes consideran que, de confirmarse lo relatado, supondría «un grave incumplimiento del procedimiento establecido y una intolerable vulneración de los derechos» de los citados inmigrantes, así como un «grave desacato» de resoluciones judiciales.