Dos ex consejeros del PSOE quedan sin castigo por un ERE de 100 millones tras 15 años sin ser imputados

La Justicia ha dejado sin castigo a dos ex consejeros socialistas de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera y Antonio Fernández García, al declarar prescritos los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental que se les imputaban por el despilfarro de 100.660.167,79 euros de fondos públicos en Santana Motor, una fábrica automovilística de Linares (Jaén).

Así lo ha decidido la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en un auto del 27 de enero pasado, tumbando el procesamiento de ambos por unas ayudas irregulares otorgadas entre 2001 y 2010 que no sirvieron para salvar a la empresa y que forman parte de una pieza separada del escándalo de los ERE. Los delitos, según el tribunal, caducaron tras más de 15 años sin una imputación formal, dejando en el aire un caso que pone otra vez en entredicho la gestión del PSOE en Andalucía.

Todo empieza con Santana Motor, una compañía que la Junta de Andalucía heredó en 1995 tras la marcha de la multinacional japonesa Suzuki. Entre 2001 y 2010, durante los mandatos de Viera (2000-2004) y Fernández (2004-2010) como consejeros de Empleo, el Gobierno autonómico destinó esos 100,6 millones de euros en ayudas sociolaborales y excepcionales para intentar mantener a flote la planta de Linares.

El juez instructor José Ignacio Vilaplana, en su auto del 28 de junio de 2023, detalló que al menos 1.478.410 euros de esos fondos se desviaron específicamente para financiar el Plan de Acción Social de Santana Motor, firmado por Viera y los sindicatos el 19 de febrero de 2001. Pero el problema no es solo el dinero: esas ayudas se sacaron de una partida presupuestaria, la 54B, destinada a «Desarrollo Tecnológico», que nada tenía que ver con los fondos de los ERE ni con el propósito de rescatar empresas en crisis, según consta en el escrito judicial.

La Audiencia de Sevilla ha dado la razón al abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, del bufete Constitución 23, quien recurrió el procesamiento alegando prescripción. Su argumento es claro: los hechos arrancan en 2003, cuando se usó esa partida distinta para inyectar liquidez a Santana, y no fue hasta el 2 de septiembre de 2019 cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, con María Núñez Bolaños al frente, imputó formalmente a Fernández y Viera. Eso son más de 15 años, el plazo máximo que fija el Código Penal (artículo 131) para perseguir un delito de malversación grave como este. El auto de la Sección Séptima lo confirma: «No ha habido imputación formal en los 15 años anteriores a esa fecha, ni indicios de que el delito siguiera cometiéndose». Resultado: ambos quedan fuera del banquillo.

Esto no es nuevo en el caso de los ERE, una macrocausa que lleva años destapando irregularidades en la gestión socialista andaluza. Viera y Fernández ya fueron condenados en 2019 por la pieza principal de los ERE, sentencia que revisó parcialmente el Tribunal Constitucional, pero esta pieza sobre Santana Motor es distinta. Aquí no se juzga el «fondo de reptiles» de los ERE, sino el uso indebido de otra partida para una empresa que, pese a los 100 millones, cerró en febrero de 2011 con pérdidas acumuladas de 270 millones de euros, según datos oficiales de la Junta. El plan era mantener la paz social con prejubilaciones para 800 trabajadores y recolocaciones para 200 más en nuevas empresas que nunca llegaron, un fiasco que dejó a Linares en la estacada.

El PP andaluz, como acusación popular, intentó evitar esta prescripción. Su abogado, Alfonso Martínez Escribano, recurrió en su día alegando que los delitos no estaban caducados si se tomaba como referencia un auto del 31 de enero de 2017, donde ya se mencionaba el desvío de fondos en 2003. Vilaplana llegó a rectificar y procesarlos en 2023, pero la Audiencia ha zanjado el debate: el reloj empezó a contar en 2004 (15 años antes de la imputación de 2019) y no hay vuelta atrás. Martínez del Hoyo, por su parte, celebra el fallo como «una enorme satisfacción profesional», destacando en declaraciones a ABC el «brillante análisis jurídico» del tribunal. Contra este auto no cabe recurso, así que el despilfarro de Santana Motor queda, por ahora, como otro capítulo cerrado sin responsables penales.