Andalucía

La competencia desleal de Marruecos ha destruido 3.000 empleos en el campo almeriense solo en 2021

Los agricultores de Almería no pueden más. La situación del sector en la provincia se debe a la competencia desleal de Marruecos, que ya ha destruido en 2021 más de 3.000 empleos, según las cifras de contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además, la presión fiscal de Pedro Sánchez y la escasez de agua tampoco ayudan a los agricultores almerienses.

El presidente provincial de Vox, Juan Francisco Rojas, ha mostrado su preocupación: “El aumento de los costes de producción cada campaña y la reducción de los ingresos por unos precios cada vez más bajos de media han provocado la destrucción de empleo en el sector, así como la caída de los contratos indefinidos, un claro síntoma de la inestabilidad que está viviendo el agro almeriense, que además ha de enfrentarse a otros problemas como la escasez del agua, la competencia desleal de países terceros, o las duras exigencias para el sector que se imponen desde Bruselas”.

Rojas ha denunciado que la competencia desleal de países terceros está hundiendo al campo almeriense, sobre todo a los pequeños productores que no pueden competir en condiciones de igualdad, debido a que países como Marruecos, tienen que asumir menores costes de producción y la libertad para usar pesticidas prohibidos en Europa.

“Por si fuera poco, nuestros agricultores tienen que hacer frente en el peor momento posible a la presión fiscal desmedida del gobierno social comunista, al incremento de costes sociales provocados por la subida del SMI aprobada en 2020, los altos precios del suministro eléctrico, donde el 60% de la factura son coste público y el alto coste del agua desalada hacen que sea matemáticamente imposible ser rentables”, ha denunciado el presidente provincial de Vox.

Para finalizar, Rojas ha resaltado la pérdida de puestos de trabajo en el sector agrícola es un claro ejemplo de la crítica situación que vive nuestra agricultura, a la que tanto la UE, como los gobiernos de España y de la Junta de Andalucía están dejando morir sin poner sobre la mesa una estrategia que garantice su futuro.