Un colaborador del 11M, condenado a casi 15 años por intentar matar a dos guardias civiles en Almería

La Audiencia de Almería ha condenado a 14 años y ocho meses de prisión a Zohaib Khadiri por tratar de disparar contra un agente de la Guardia Civil e intentar encañonar a otro cuando escapaba de una vivienda de El Ejido a la que había entrado a robar. Z. K., de nacionalidad marroquí, ya fue sentenciado a diez años de cárcel por facilitar la huida de seis yihadistas que participaron en los atentados del 11M.

La Audiencia Nacional impuso diez años de prisión a Z. K. -detenido en 2007 en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)- por integrar una red islamista encargada de prestar ayuda a terroristas, enviarles dinero y facilitar su huida de España. Entre las personas a las que financió figuraban varios de los autores de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, como Othman El Mouhib, los marroquíes Mohamed Afalah, Mohamed Belhadj y Abdelilah Hriz y el argelino Daoud Ouhnane.

Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería da por probado que el acusado y L. L. S., su compinche, acudieron la madrugada del 24 de febrero de 2022 a una vivienda situada en el núcleo costero de Almerimar, en El Ejido, con el propósito de cometer un robo.

Tras utilizar un dispositivo electrónico de inhibición canina para evitar que actuasen los perros de la dueña del domicilio, saltaron el muro perimetral de la casa ataviados con guantes y pasamontañas (el fallo aplica en este sentido la agravante de disfraz, que endurece la pena) y rompieron la puerta de acceso a la vivienda.

Una vez dentro subieron al dormitorio de la propietaria y Z. K. apuntó a la víctima con una pistola para exigirle «de forma violenta» el dinero y las joyas, diciéndole en repetidas ocasiones que «en caso de no hacerlo la matarían». Los encartados llegaron a lesionar a la mujer al intentar inmovilizarla atándola con una manta.

Tras registrar la vivienda y apropiarse de unos 80 euros, joyas, un teléfono móvil y las llaves de la casa, sonó la alarma y se dieron a la fuga. L. L. S. se ocultó en un arbusto, donde fue detenido por la Guardia Civil. Sin embargo, Z. K. saltó la valla perimetral mientras era perseguido por un agente, que le dio el alto «de forma repetida». Cuando el funcionario se encontraba a unos tres metros de él, el procesado sacó una pistola, apuntó y apretó el gatillo, pero el arma no se disparó. Tras mirar la pistola, apuntó de nuevo al pecho del agente y volvió a disparar, pero tampoco consiguió accionar el arma porque «no se dio cuenta de que el seguro estaba activado», según remarca la sentencia.

Z. K. se dio de nuevo a la fuga y fue perseguido por otro guardia civil, al que también trató de apuntar con la pistola, aunque en este caso el agente logró chocar con él y forcejear. El procesado intentó escapar, pero finalmente fue reducido por la Benemérita. Durante su huida, arrojó el arma y alguno de los efectos sustraídos. Los dos agentes implicados sufrieron lesiones de carácter leve a consecuencia de los hechos.

La sentencia, dictada el pasado 4 de marzo, condena a Z. K. a ocho años y ocho meses de prisión por un delito de homicidio intentado, un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones, todos ellos en concurso ideal, otros cuatro años por un delito de robo con violencia e intimidación y dos años más por tenencia ilícita de armas.

A L. L. S. le ha sido impuesta una pena de dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas, a la que se suma otra de tres años, dos meses y siete días por un delito de robo con violencia e intimidación, así como una multa por un delito leve de lesiones a la mujer a la que asaltaron.

Además, se impone a ambos una orden de alejamiento de 500 metros durante cinco años respecto a la víctima, a la que deberán indemnizar con 3.400 euros por las lesiones y los daños morales sufridos. Z. K. también debería indemnizar con 700 euros a los dos guardias civiles.

Asimismo, respecto a Z. K. se dicta que una vez cumplidos dos tercios de su condena, o cuando le sea concedido el tercer grado penitenciario, el resto de la pena sea sustituida por diez años de expulsión del territorio nacional.