La APDH critica al alcalde de Algeciras por rechazar un CETI que supone tener «inmigrantes por las calles»
Sánchez quiere imponer un CETI a Algeciras y el Ayuntamiento lo rechaza: «Serían más problemas»
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Se disparan un 3.000% las solicitudes de asilo de inmigrantes ilegales en Cádiz y Almería
Continúa la polémica por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer en una ciudad de Algeciras cuyo alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), ha rechazado por los «problemas» que acarrean este tipo de centros. Este sábado se ha pronunciado al respecto la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que ha criticado a Landaluce por mostrar su rechazo a que la ciudad acoja este centro aludiendo la «presión migratoria» que ya afronta el municipio.
Según el colectivo, al alcalde «le molesta tener en el municipio un Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, porque a diferencia de un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), que es una cárcel para inmigrantes, en el CETI los inmigrantes pueden entrar y salir sin problemas y se les vería por las calles de Algeciras».
El primer edil, según la APDH-A, «no puso ningún impedimento a la construcción del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) para privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito, que
simplemente carecen de documentación, algo que le parecía y le parece muy bien y un beneficio para la ciudad, aunque los inmigrantes que fueran internados procediesen de Almería, Málaga o Murcia o
cualquier otro sitio del Estado».
Además, incluso «argumentando que su construcción creará nuevos puestos de trabajo cuando es una falacia», indica el colectivo exponiendo que «ahora, con la construcción del CETI, el alcalde ya no tiene en cuenta los beneficios para la ciudad ni los puestos de trabajo que se podrían crear, tanto en su construcción como en su mantenimiento».
«Nuestra zona para la mayoría de los inmigrantes es una zona de paso, pocos se quieren quedar, porque sus expectativas de futuro están en otros lugares del Estado Español o de la Unión Europea», recuerda la Asociación Pro Derechos Humanos.
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