Andalucía pide a Sánchez «no intervenir» el mercado de alquiler de vivienda y rechaza bajar precios

La Junta de Andalucía ha manifestado este martes su rechazo al «intervencionismo» del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, esta vez en lo relativo al precio del alquiler a través de una Ley de la Vivienda. El Ejecutivo andaluz ha dejado claro su negativa a acotar el precio máximo de la vivienda en alquiler en manos de grandes propietarios, tal y como como han acordado socialistas y podemitas.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha abogado por que «no venga nadie a inventar la pólvora», ya que esta estrategia de intervención pública para «poner límites» en el mercado de la vivienda «ha fracasado ya en otros países».

«Este Gobierno está en contra del intervencionismo, de la hiperregulación», ha recalcado Bendodo, que ha defendido como medida alternativa a rebajar el precio del alquiler «construir más viviendas públicas y no intervenir en el mercado».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, Bendodo se ha mostrado con cierta cautela para pronunciarse sobre el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos tras apelar a que «se acaba de anunciar y lo primero es conocer el acuerdo, la letra pequeña».

Bendodo ha esgrimido los resultados de la comunidad autónoma como fórmula alternativa para subrayar que «en Andalucía existen 3.000 viviendas más en alquiler gracias al Plan Vive».

Acuerdo PSOE-Podemos

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los precios a viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.

Así, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales» para poder también reducir el precio del arrendamiento.

Según han detallado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se ha superado el principal escollo que se topó el lunes la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de diez o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de «privilegios fiscales».

También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.