Andalucía, la comunidad que más ha sufrido la ley del ‘sólo sí es sí’: 207 rebajas y 26 excarcelaciones

La ley del sólo sí es sí ha dejado hasta la fecha en Andalucía un total de 207 rebajas de condena a abusadores y agresores sexuales, incluidas 26 excarcelaciones, según el último recuento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estas cifras sitúan a la comunidad andaluza como la más golpeada por la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, por delante de la Comunidad de Madrid (175 rebajas y 16 excarcelaciones) y la Comunidad Valenciana (151 y 13).

Los órganos judiciales andaluces contabilizan así las mismas reducciones de pena y excarcelaciones que en la última actualización del pasado mes de junio fruto de la redacción inicial de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que unificaba los delitos de abuso y agresión en un solo tipo, por lo que ante la colisión de dos normas penales de vigencia temporal diferente, los tribunales aplicaban la condena más favorable al reo.

En concreto, respecto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) figuran 12 rebajas de pena, derivadas en una excarcelación; de la Audiencia de Almería pesan 37 reducciones de pena con cuatro excarcelaciones -se revisaron 126 casos-; de la Audiencia de Cádiz 49 rebajas con ocho excarcelaciones; de la Audiencia de Córdoba 15 reducciones de condena con dos excarcelaciones -se abordaron 50 casos-; de la Audiencia de Granada 16 rebajas -se revisaron 33 sentencias-; de la Audiencia de Huelva nueve revisiones a la baja con dos excarcelaciones -61 casos abordados-; de la Audiencia de Jaén cuatro reducciones de pena fruto de la revisión de 14 condenas; de la Audiencia de Málaga 26 rebajas con tres excarcelaciones y de la Audiencia de Sevilla 39 reducciones de pena con seis excarcelaciones -138 condenas revisadas-.

En el conjunto de España, el CGPJ eleva a 1.155 las reducciones de condena y a 177 las excarcelaciones por la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, según los datos recabados por el órgano de gobierno de los jueces a fecha 1 de julio.

Como consecuencia de la oleada de presos beneficiados por la Ley Montero, PP y PSOE pactaron una reforma de la norma que no apoyó Unidas Podemos.

La reforma fue aprobada primero en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, PP, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y Navarra Suma. En contra votaron Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís y CUP. Junts se abstuvo y Vox no votó.

La reforma fue aprobada después en el Senado con una votación similar, y al no haber sido incorporada ninguna modificación en el texto en relación a la que salió del Congreso, la nueva norma no tuvo que regresar a la Cámara baja y entraba en vigor el pasado 29 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).