El alcalde de Casariche (PSOE) quiere confinar al pueblo porque tiene «breve tos y dolor de cabeza»

El alcalde de Casariche (Sevilla), Basilio Carrión (PSOE), investigado por corrupción, ha solicitado «restringir la movilidad de la población» y el cierre de colegios «como mínimo» hasta octubre ya que, durante el último día y medio, ha sufrido dolor de cabeza, «breve tos» y algo de fiebre.

Cabe recordar que el alcalde socialista compareció a juicio el pasado 24 de agosto por «enriquecerse» con contrataciones sin licitación en favor de «empresas fantasma» administradas por familiares cuando ocupaba el cargo de Presidente del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, según la Policía Nacional.

Según ha anunciado Carrión este lunes, y tras sufrir los mencionados síntomas desde la noche del sábado, el alcalde ha decidido aislarse en una de las habitaciones de su domicilio a la espera de una prueba de detección de coronavirus. Ha sido entonces, no antes, cuando ha pedido «medidas preventivas que restrinjan la movilidad de la población» así como «la suspensión temporal de la actividad docente presencial, como mínimo durante septiembre».

Casariche cuenta con 5.456 habitantes y 54 casos confirmados (un 1%), 49 de ellos detectados en las dos últimas semanas mediante pruebas PCR, según los datos estadísticos de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de la localidad ya había ordenado el cierre temporal de parques infantiles, el polideportivo, la biblioteca y la Colección Museográfica.

Carrión ha informado además de que este pasado domingo envió un escrito a la delegada territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Regina Serrano, en el que alertaba de «la cantidad de positivos que provienen de la sanidad privada, y que a día de hoy parecen no estar coordinados, lo cual provoca una situación epidemiológica oficial que no es la real del municipio».

Pide PCR y personal de ayuda a la Junta

Asimismo, y visto que sus medidas no han surtido el efecto deseado, el alcalde socialista ha pedido a Regina Serrano que «se constituya el Comité Territorial de Alerta de Salud de Alto Impacto, si no estuviese constituido ya, al objeto de estudiar de forma urgente la situación epidemiológica de Covid-19 en Casariche», solicitando además a dicho órgano «la adopción de medidas preventivas que restrinjan la movilidad de la población de Casariche, en los términos necesarios y que dicho comité considere en base al riesgo de salud pública existente».

Además, solicita ayuda para proveer al centro de salud o zona base de «los nuevos test rápidos de PCR en el número que sean necesarios, de los que recientemente ha adquirido la Junta de Andalucía, con el objeto de facilitar la detección rápida de portadores asintomáticos, agilizar el rastreo y mejorar el control, y si fuese posible reforzar temporalmente con personal para actuar en este momento puntual de mayor intensidad diagnóstica y de control».

Igualmente, ha pedido «la suspensión temporal de la actividad docente presencial en Casariche, como mínimo durante el mes de septiembre, siendo sustituida temporalmente por educación online, y siempre en función de la evolución epidemiológica de la localidad, para evitar una mayor propagación del contagio». Ya pesa una orden de suspensión total de la actividad sobre una escuela infantil municipal de esta localidad, tras confirmarse el positivo por Covid-19 de una alumna y de una monitora de apoyo.

Investigado por corrupción

Es el enésimo caso de un socialista andaluz a juicio. El pasado lunes, 24 de agosto, Carrión compareció en el banquillo como investigado por las contrataciones sin licitación acometidas por el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur en favor de «empresas fantasma» administradas por familiares de miembros de dicha entidad pública, figurando, por ejemplo, contrataciones con una empresa administrada por el secretario interventor y el gerente, entre otros aspectos.

Así figura en una providencia emitida el pasado 30 de junio por dicha instancia judicial, toda vez que Basilio Carrión ostentaba anteriormente la Presidencia de este consorcio público.

La Policía Nacional considera así que estas personas consiguieron «un enriquecimiento mediante la autocontratación de servicios destinados al Consorcio y siempre al margen de cualquier licitación pública», siéndoles intervenida numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo.