España

El PSOE abandona la acusación para tapar el fraude de UGT en los cursos de formación extremeños

La Junta de Extremadura en manos del PSOE ha decidido dejar de pelear por la devolución del dinero defraudado en los cursos de formación en esta comunidad autónoma. Pese a que el proceso judicial continúa contra la UGT y CCOO por un escándalo que podría alcanzar los 100 millones de euros, los socialistas de Guillermo Fernández Vara han decidido abandonar la acusación para favorecer los intereses de dos de sus principales brazos de movilización social, los dos principales sindicatos.

Tal y como señala el escrito de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, “el Secretario General del Servicio Extremeño de Empleo ha dictado Resolución con fecha 3 de diciembre de 2019 (que ya obra en autos). En la misma se acuerda, en base a las consideraciones jurídicas que se contienen en la misma, declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención percibida y el abono del tercer pago pendiente de la subvención”. Esa subvención iba destinada a los dos sindicatos.

Con ese argumento, el Gobierno de Extremadura ha dado orden de considerar perdido el importe y de dejar de pelar, uno, por su devolución, y, dos, por el castigo a los autores del fraude.

El escrito señala, en consecuencia, que “a la vista de lo anterior, la Consejería competente considera que no existe perjuicio alguno para la Hacienda Pública Autonómica, por lo que señala que no procede que la Junta de Extremadura continúe ejerciendo la acción penal como perjudicada”.

“En este sentido, por la Consejería competente se ha ordenado expresamente a esta Abogacía que proceda a apartarse de la presente causa”, concluye. Por lo que “en virtud de cuanto antecede, y en base a las instrucciones recibidas de la superioridad, suplica al Juzgado, que tenga por presentado este escrito, por formuladas las alegaciones precedentes y por apartada a la Junta de Extremadura del proceso penal identificado en el encabezamiento”.

Y así acaba la supuesta persecución del fraude en los cursos de formación extremeños por parte del PSOE. Una persecución que, en realidad, nunca fue tal.

Hay que recordar que este caso reviste una elevada gravedad. La Fiscalía llegó a solicitar la paralización de la entrega del resto de subvenciones ligadas a los proyectos de formación presentados por los dos grandes sindicatos ante las evidencia del latrocinio.

La acusación popular del PP considera que el volumen defraudado puede haberse amasado a lo largo de décadas y que su cuantía difícilmente quedará por debajo de los 100 millones de euros. Y esa magnitud y dimensión es precisamente la que justificó que la Fiscalía solicitara poner a salvo, cuanto menos, las subvenciones aún no abonados a CCOO y UGT.

Evidencias de delito

El escrito del Ministerio Público constató las evidencias de delito en el comportamiento de los sindicatos hermanos del PSOE (UGT) y de IU -ahora apadrinado por Podemos- (CCOO). “Respecto a las entidades beneficiarias UGT Extremadura y Comisiones Obreras Extremadura se observa que la mayor parte de los hechos investigados habrían sido cometidos presuntamente” con la participación de entramados comandados por “las entidades IFES Extremadura (UGT) y Forem Extremadura (CCOO)”, concluyó la Fiscalía.

Los hechos relatados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Fiscalía reflejaron hace ya más de medio año que CCOO y UGT participaron en un latrocinio de los fondos de formación regionales. Ambos sindicatos, igualmente utilizaron redes de sociedades interpuestas para camuflar las prácticas y disparar el lucro provocado por el inflado sistemático de facturas.

Con ese fin, ambas formaciones sindicales enchufaron a falsos profesores con sueldos elevados artificialmente para llevarse el dinero de los fondos de formación que repartía sin control la Junta de Extremadura comandada por el socialista Fernández Vara.

La UCO y la Fiscalía destaparon, de ese modo, prácticas que apuntan, como señaló el Ministerio Público -Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada-, “a nivel indiciario a diversas conductas de apariencia delictiva que justifican la formulación de esta oportuna denuncia”.

Entre los mecanismos de fraude figura el “incremento artificioso del coste de las nóminas del personal docente, tanto en concepto de orientación, como en el de impartición de cursos”; también el basado en “aplicar cantidades destinadas a formación de trabajadores ocupados (subvenciones públicas) a financiar gastos de personal de la estructura” de Comisiones Obreras y de UGT; y, por supuesto, la “aplicación [de las subvenciones] en gastos justificados mediante nóminas del personal de Extremadura que no se ajustan a valor de mercado”.

Pagos sin facturas que los respalden

Los investigadores, además, detectaron que se habían solicitado “pagos de subvención sobre supuestos gastos de docencia que no tienen ningún soporte documental justificativo” y que se había incurrido “en aparentes sobrecostes no justificados en distintas partidas (alquiler de locales, material didáctico) por importe superior al coste real de mercado del material, producto, equipamiento o servicio prestado”.

Hay que recordar que la UCO puso la lupa en el sindicado Comisiones Obreras tras encontrar un esquema similar al de UGT, con una red de sociedades que inflaban las facturas de los servicios y que permitían que este otro sindicato absorbiese fondos de formación de Extremadura y los destinase a pagar sus propios gastos en la estructura nacional del sindicato.

Tanto la Fiscalía como la UCO confirmaron la existencia de esa estructura societaria comandada por Forem -la división de formación de CCOO que se dedica al fomento del “estudio y la investigación en materia de empleo y formación profesional y social”- y por una serie de compañías que realizaban subcontrataciones de forma sistemática para poder acceder al dinero de los fondos. Y un esquema muy parecido -comandado por IFES- en el caso de UGT.

Con todo ello, los investigadores señalaron que el fraude podría ser a escala nacional y por importes muy superiores a los 30 millones de euros. Posiblemente, por encima de los 100 millones de euros.