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La Fiscalía alemana presentará alegaciones insistiendo en el delito de rebelión de Puigdemont

La Fiscalía de Alemania presentará alegaciones contra la decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión en una futura extradición de Carles Puigdemont. Tras el auto de este juez, el ex presidente catalán pudo abandonar este viernes la cárcel de Neumünster, en la que permanecía desde el pasado 26 de marzo, después de depositar una fianza de 75.000 euros.

Esa decisión se produjo pese a la opinión contraria de la propia Fiscalía, que consideró que Puigdemont debería ser extraditado por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, como reclama el juez Pablo Llarena. Además, reclamó que permaneciese en prisión al considerar que existía «riesgo de fuga».

Los argumentos de la Fiscalía insisten en los que ya apreció unos días antes de la sorpresiva decisión del juez alemán. «La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos», se destacó en un comunicado.

De esta forma, el fiscal considera que el delito de rebelión que la Justicia española imputa a Puigdemont puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán y advierte de que «no es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles».

De 10 años a una condena de por vida

El Código Penal alemán castiga con un «mínimo de diez años de prisión hasta una condena de por vida» el intento de cambiar el orden constitucional siempre que «perjudique la existencia de la República Federal Alemana».

Es lo más parecido a los delitos de rebelión y sedición en España y se aplica a quien «intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la República Federal alemana o cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania».

Según la Fiscalía, las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre tendrían una correspondencia prácticamente exacta con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán.

El fiscal llama la atención sobre el hecho de que Puigdemont desoyese las advertencias de las fuerzas policiales sobre posibles enfrentamientos violentos el día del referéndum, sobre todo, a la vista de que ya se habían producido el 20 de septiembre, en el registro de la consellería de Economía.

Además, según la Fiscalía, había razones de sobra para creer que en el caso de Puigdemont existe evidente riesgo de fuga y para considerar que medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras se decide sobre su extradición.

Esta iniciativa va paralela a los previsibles recursos de la Justicia española, a través de la Fiscalía y del propio juez del Supremo, Pablo Llarena, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fuentes judiciales son críticas con el hecho de que el tribunal alemán haya entrado al fondo del asunto para rechazar la extradición de Puigdemont a España.

En un comunicado, la Fiscalía española avisó de que la decisión de Alemania «no es una medida definitiva, en el sentido de que no entra a prejuzgar el fondo del asunto relativo a la entrega del mismo». En la misma nota destaca que «la función de las autoridades centrales en la ejecución de una orden de detención europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo». Es decir, se limita a determinar si los hechos por los que se demanda la extradición son delito en el país.

 

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”