La Justicia española reconoce que el cámara Mario Biondo pudo ser asesinado
La Audiencia de Madrid reconoce pero no reabre el caso por estar ya juzgado
El caso ya fue juzgado en Italia y cerrado sin culpable
Doce años después de la polémica muerte del cámara italiano Mario Biondo (30 de mayo de 2013), la Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido que el fallecimiento del que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no haber sido un suicidio. La muerte de Biondo, entonces, pudo ser un accidente o un homicidio.
Ahora, la justicia española advierte de que podría haber indicios de que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio, tal como ya exponía en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que señaló el homicidio como probable causa del fallecimiento.
Las tres magistradas de la Audiencia de Madrid señalan en su resolución: «Se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia de una resolución judicial de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida».
Rechazan recurso de la familia de Biondo
El tribunal subraya que “en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas”, según un comunicado del despacho Vosseler Abogados.
Sin embargo, la mismas magistradas de la Audiencia Provincial de Madrid, desestiman el recurso de apelación de la familia de Mario Biondo «por ser cosa juzgada».
Fue un asesinato
«Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato», asegura Leire López, letrada de Vosseler Abogados que representa legalmente a la familia de Mario Biondo.
“Por este motivo hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos.
Leire López, anuncia que paralelamente a estos recursos «Presentamos una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas».
En resumen, según López, «la Audiencia de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido».
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