Más de 30 asociaciones piden al Defensor del Pueblo recurrir el «decretazo» sobre la violencia machista

Frenar el Real Decreto por el que se amplían las formas de acreditar la condición de víctima de violencia machista es el objetivo de 35 organizaciones que han solicitado al Defensor del Pueblo interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la medida aprobada por el Gobierno el pasado 3 de agosto.

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción entiende que «el citado Real decreto vulnera los preceptos fundamentales de la Constitución española no solo en su contenido legislativo discriminatorio, sino en la forma legal que se ha utilizado para legislar».

El colectivo, que aglutina asociaciones defensoras de la custodia compartida, de los derechos de los niños y de una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos los miembros de la familia sin excepción frente a cualquier tipo de violencia, entiende que el artículo 86 de la Constitución permite el uso del Real Decreto apelando a la «extraordinaria y urgente necesidad» de las circunstancias sin que de ningún modo esté concurriendo la necesidad de urgencia.

A juicio de estas asociaciones el citado Real Decreto ha sido aprobado «justo antes de comenzar el periodo vacacional parlamentario para intentar soslayar discretamente el abuso legislativo que se está cometiendo».

«Con la excusa de la urgencia -continúa la nota- se ha legislado para modificar a golpe de decretazo el propio articulado del Código Civil -algo que no ha sucedido nunca en los 200 años de historia de este compendio de leyes reguladoras de la sociedad-«.

Consideran que con la aprobación de este Real Decreto «quedan recortados aspectos importantísimos de la patria potestad, que podrá limitarse en el padre solo por la palabra de una mujer que se diga maltratada, sin mediar ninguna intervención de la administración de justicia y siendo suficiente el informe favorable de un funcionario o asistente social».

Para estas 35 asociaciones, el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez «convierte de hecho a los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos en tribunales competentes en asuntos de familia, usurpando esa función a la propia administración de justicia» y resaltan que «cuatro asociaciones de jueces han alertado de manera unánime contra esta usurpación de funciones».

Asimismo, las 35 asociaciones denuncian que «el Real Decreto legisla también acerca del reconocimiento de la situación de mujer maltratada haciendo innecesaria la intervención de la administración de justicia, ya que es el mero informe emitido por un funcionario municipal, asistente social o ‘cualquier otro título’ lo que adquiere carta de validez».

Agrega que «este ‘título’ dará pleno acceso a cualquier mujer a toda una batería de ayudas sociales y económicas con el único requisito de su palabra» y considera que «lo más terrible es que el hecho de reconocer a una mujer como maltratada implica asignar automáticamente a un hombre el rango de maltratador, lo cual acaba definitivamente con los restos de presunción de inocencia que podían quedar en este duro sistema discriminatorio».

Las asociaciones entienden que el Real Decreto fomenta «con dinero público el uso de la denuncia indiscriminada, perjudicando los intereses de la verdadera mujer maltratada que queda así completamente desprotegida y con acceso mucho más limitado a los recursos económicos que le podrían resultar necesarios».

A juicio de dichas asociaciones vulnera también varios artículos de la Constitución española, como el 14, sobre la igualdad; el 24, sobre el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia; o el 26, sobre la prohibición de los tribunales de honor, «que es de hecho -denuncian- en lo que se van a convertir los servicios sociales municipales».

En este sentido, las asociaciones judiciales alertaron ayer de que este Real Decreto aprobado por el Gobierno supone una intromisión en sus funciones, pues deja en manos de la Administración lo que es competencia de un juez.

Una sensación unánime entre las cuatro asociaciones de jueces, que ven con temor cómo se abre la puerta a otros agentes sociales para que tomen decisiones de especial transcendencia que deberían ser labor exclusiva de los magistrados.