IU pide declarar ‘persona non grata’ a los miembros de ‘La Manada’ en Cádiz

IU ha anunciado que defenderá una moción en el próximo Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz para que se declare ‘persona non grata’ a los miembros de ‘La Manada’, condenados por la Audiencia de Pamplona por abuso sexual continuado contra una joven en las fiestas de San Fermín de 2016.

La moción plantea también que se inste al Gobierno de la nación «a la aplicación del Convenio de Estambul, a la reforma del Código Penal, a la puesta en marcha con carácter inmediato del 100 por 100 de las medidas que le exigió en 2015 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, y a la reforma de la Ley de Violencia de Género para que se amplíe el concepto de violencia machista».

IU ha manifestado que la sentencia «ha tenido una fuerte repercusión internacional y ha ocasionado desconcierto, indignación y un importante rechazo social en toda Europa, en tanto que abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica».

Así, la federación considera que «la sentencia de ‘La Manada’ ha sido un varapalo tremendo para todas las mujeres y supone una falta de respeto hacia su libertad, su igualdad y su derecho a la sexualidad y a vivir la noche y la fiesta en las mismas condiciones que los hombres».

Reformar la Ley

Para el portavoz de IU en Diputación, Antonio Alba, «más allá de reformar el Código Penal, es imprescindible reformar la ley de violencia de género para que se amplíe el concepto de violencia machista», ya que «la violencia machista no puede estar solamente constreñida al ámbito de la pareja, sino que tiene que englobar agresiones hacia las mujeres, como las violaciones o los ataques a la integridad moral, sexual y física de las mujeres».

A su juicio, «sólo así podrán ser tratadas por juzgados especializados en violencia de género, que tienen otra sensibilidad y otros conocimientos sobre la vida, el género y la sexualidad».

Finalmente, IU señala en su moción que «la confianza en la Justicia debe construirse tanto desde el respeto a las resoluciones como desde la crítica legítima, y por esta razón la Diputación de Cádiz como Institución pública no puede quedarse al margen en un debate social de tanta importancia para las gaditanas y los gaditanos, compartiendo su indignación».