Vox critica el gasto en migración: «770 millones desde 2021 permitirían construir 6 hospitales»
Garriga: "Después del saqueo fiscal que sufrimos cada año, no vamos a permitir que ese dinero se destine a los recién llegados"
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado el impacto económico de la atención a los migrantes en situación irregular y su repercusión en los servicios públicos. Según sus datos, desde 2021 el Estado ha destinado más de 770 millones de euros a inmigración ilegal, una cifra que, según Garriga, equivaldría a construir seis hospitales y contratar 15.000 médicos.
«Después del saqueo fiscal que sufrimos cada año, no vamos a permitir que ese dinero se destine a los recién llegados cuando hay españoles con urgencias», advirtió Garriga.
El dirigente de Vox también rechazó las acusaciones de que su partido sea «racista o xenófobo», asegurando que «de nada tiene que ver con todo esto» y calificó como un «discurso de sentido común» su postura migratoria. Según él, «el 70% de los españoles están hartos de políticas migratorias que generan inseguridad, pérdida de identidad y saturación de los servicios públicos».
Garriga planteó que los españoles tienen dos modelos a elegir: el de Vox, que propone expulsar a quienes hayan cometido un delito y evitar la entrada de inmigrantes en situación irregular, o el del PP y PSOE, que, según él, «permite que entre quien quiera, se les pague pensión completa y, además, se toleren delitos contra españoles», advirtió en una entrevista en RNE.
El secretario general aportó cifras sobre criminalidad: «En 2024, España tendrá el 33% de los presos con nacionalidad extranjera y los feminicidios cometidos por extranjeros fueron del 44% en 2023. Expulsarlos supondría un ahorro significativo». Añadió que su propuesta busca proteger a los ciudadanos y evitar que la inmigración ilegal genere violencia y saturación de servicios.
Fiscalización por el Tribunal de Cuentas
Vox ha registrado en el Congreso dos solicitudes para que el Tribunal de Cuentas realice un informe sobre los gastos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales destinados a inmigración ilegal y menores migrantes no acompañados (MENA).
El partido informó que esta iniciativa se coordina desde el Congreso y se extiende a distintos parlamentos autonómicos. El objetivo es que «los españoles conozcan el coste real de la inmigración ilegal, ocultado por PP y PSOE mediante opacidad administrativa, al no responder a los requerimientos de información de Vox».
En este contexto, el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó en la sesión de control al Gobierno que mantener a un inmigrante ilegal o a un MENA cuesta más que atender a un anciano español en una residencia.
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