Sanidad hace peligrar a Muface con recortes en el cuadro médico, hospitales y cobro de algunas pruebas

Un nuevo frente se le ha abierto a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la próxima negociación del nuevo convenio de asistencia sanitaria del mutualismo administrativo al reclamar una retribución «justa» a los hospitales por atender a los mutualistas. Un informe de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que el modelo actual de MUFACE ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas.

Así, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), ante estas negociaciones exigen un análisis del modelo de financiación que considere la situación de los prestadores de asistencia sanitaria, los hospitales, que son los que «atienden los costes derivados de la atención sanitaria de los mutualistas».

La patronal de la sanidad privada considera que los proveedores sanitarios que atienden a mutualistas de funcionarios civiles del Estado MUFACE, judiciales MUGEJU y Fuerzas Armadas ISFAS, no reciben una retribución adecuada, debido a que la prestación de servicios a estos pacientes «resulta deficitaria en muchos casos para cubrir los costes directos de asistencia».

Y es que, esta situación se debe a que las tarifas actuales crean un desajuste financiero para los centros sanitarios, que deben responder ante el progresivo incremento de la edad media de los mutualistas y el aumento de la frecuentación asociada. Por otra parte, otras de las quejas son las tarifas para pacientes provenientes del mutualismo administrativo y que suponen un 10% inferiores en comparación con las aplicadas a los asegurados de las compañías de salud, lo que agrava aún más el déficit en la prestación de servicios.

En este sentido, se cree fundamental que las aseguradoras distribuyan de manera equitativa las subidas de primas entre todas las partes implicadas en la atención sanitaria, garantizando que los hospitales reciban una compensación justa por los servicios prestados a los mutualistas. Tal y como señala el informe El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros, elaborado recientemente por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, se estima que -en los últimos años- las entidades aseguradoras solo han trasladado el 50% de la subida de la prima a los prestadores, siempre teniendo en cuenta que este impacto puede variar en función del prestador, la compañía aseguradora, la ubicación geográfica y la actividad a realizar.

En el caso de centros más pequeños o médicos con consulta propia, incluso es posible que la mejora que les hayan trasladado las compañías aseguradoras sea sensiblemente inferior. «Es necesaria una revisión de las tarifas para asegurar que los centros sanitarios puedan continuar ofreciendo atención de calidad sin enfrentar pérdidas económicas», ha indicado el presidente de ASPE, Carlos Rus.

Situación límite

El ministerio de Mónica García deberá asumir que la necesidad de negociar y de compatibilizar la sanidad pública y privada sigue siendo eficaz a pesar de criminalizar constantemente el sector privado. Por ello, cargan contra el Gobierno debido a que la financiación insuficiente y está generando una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera debido a que, o bien las aseguradoras limitan sus cuadros médicos, o bien algunos prestadores se ven obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las bajas tarifas actuales.

La reducción de los centros y hospitales concertados está ocasionando, por ejemplo, importantes inconvenientes para pacientes oncológicos, que han tenido que ser derivados a otros hospitales, así como para pacientes diabéticos, que ven limitadas las ubicaciones en las que pueden recoger el material para el control de su enfermedad, explican desde la patronal. Igualmente, aseguran que los mutualistas de zonas rurales se están teniendo que desplazarse a más distancia para poder ser atendidos.

En este sentido, indican que el concierto vigente para el periodo 2022-2024 tenía previstas subidas progresivas de primas con el objetivo de lograr un aumento total del 10% en el último año en comparación con el concierto anterior. Sin embargo, estas subidas se han revelado «insuficientes» para cubrir el aumento de los costes de la prestación sanitaria. «O se busca una financiación adecuada que involucre a todos los agentes implicados o el modelo está destinado a desaparecer, con las terribles consecuencias que esto conllevará en términos de incremento de las listas de espera. Un incremento que la Universidad Complutense estima en un 266% para consulta externa y en un 115% para una intervención quirúrgica», ha destacado Rus.