Mónica García y el catecismo de la prohibición
España tiene una rara habilidad para convertir los fracasos en dogmas. Si una política no funciona durante cuarenta años, en vez de cambiarla, se endurece. Si el enfermo no mejora, se aumenta la dosis. Es el viejo reflejo burocrático: cuando la realidad contradice al BOE, se corrige la realidad.
Nadie con dos dedos de frente discute que fumar mata. Sólo un necio o un fanático podría negarlo. El cigarrillo es uno de los grandes enemigos de la salud pública y ha dejado demasiados muertos sobre la mesa como para frivolizar. Pero precisamente porque hablamos de salud pública, conviene abandonar la religión y volver a la ciencia. Porque la ciencia no mide las buenas intenciones; mide los resultados.
Y los resultados españoles distan mucho de ser brillantes, por mucho que la ministra Mónica García lo vista de colores. Hoy, alrededor del 20% de la población adulta sigue fumando. Lo preocupante no es sólo la cifra, sino el estancamiento: en la última década, el descenso del tabaquismo apenas ha sido perceptible, mientras otros países europeos avanzan a un ritmo mucho más rápido. El Reino Unido ha reducido la proporción de fumadores del 17,2% en 2015 al 11,6% en 2023. Suecia, por su parte, ha pasado del 9,9% a menos del 5% en 2024, convirtiéndose en el primer país europeo libre de humo. La pregunta, por tanto, no es cuántas prohibiciones aprueba un Gobierno, sino qué políticas consiguen realmente que cada vez haya menos fumadores.
Llevamos décadas construyendo un país de prohibiciones sucesivas. Cada pocos años aparece un nuevo ministro dispuesto a salvarnos de nosotros mismos. Se prohibió aquí, se vetó allá, se amplió el catálogo de pecados civiles y, sin embargo, el consumo apenas ha descendido respecto a generaciones anteriores.
Porque Mónica García parece confundir salud pública con urbanismo moral. Y porque ahora se presenta como candidata a la Comunidad de Madrid, luego intentará dar el salto a organismos internacionales y, claro, quiere hacerse notar, más que evidenciar datos. Por ello, debe tapar con humo –nunca mejor dicho– el ridículo planetario con su traspié incluido de un año de huelgas médicas en España.
El Gobierno comunista y diverso acaba de descubrir que el humo existe también en las terrazas. Después, las playas. Después, quién sabe si los bancos del Retiro o las colas del Museo del Prado, que parece que también, o las aceras de las calles que se llenarán de colillas y un problema más para los ayuntamientos. El problema del prohibicionismo es que nunca conoce el punto final. Siempre necesita un siguiente escalón, un nuevo espacio que limpiar, una nueva conducta que reglamentar, un ciudadano más al que tutelar.
La izquierda española siente una fascinación casi estética por la prohibición. Cree que toda conducta puede corregirse mediante un decreto. Es una vieja pulsión. Cambian las banderas, permanece el método: el Estado sabe mejor que usted cómo debe vivir.
España, sin embargo, no es Suecia. España vive de la calle. Vive de las terrazas, del turismo, de la hostelería, de una forma de convivir que constituye buena parte de su riqueza nacional. Somos una potencia turística porque ofrecemos precisamente aquello que otros no tienen: vida al aire libre. Convertir las terrazas en laboratorios de vigilancia sanitaria puede satisfacer a algunos despachos ministeriales como el de Mónica García, pero difícilmente hará más atractivo el país que sostiene millones de empleos.
La educación siempre ha sido más difícil que la prohibición. Exige tiempo, ejemplo y responsabilidad. Prohibir sólo requiere publicar una ley en el BOE.
Quizá sería más inteligente enseñar que quien fuma al lado de unos niños se levante por simple educación. Que quien comparte una terraza respete a los demás porque es una persona civilizada y no porque tema una multa. La convivencia nace del civismo; la imposición sólo fabrica resentimiento, dividir y señalar.
Existe evidencia de que el humo del cigarrillo perjudica a terceros en espacios cerrados. Nadie sensato discute eso. Pero el debate sobre la exposición en espacios completamente abiertos continúa siendo mucho más complejo y depende de factores como la distancia, la ventilación o la concentración de personas. Sin embargo, el Gobierno prefiere resolver cualquier matiz científico con la herramienta favorita de todo poder paternalista: la prohibición universal. No hay tampoco evidencia científica de que los productos y alternativas al cigarrillo perjudiquen en espacios abiertos. Nada de ello se ha explicado en rueda de prensa. Porque el comunismo nunca explica, sólo somete.
Mónica García presenta esta ley como una gran victoria de la salud pública. Ojalá lo sea. Pero conviene recordar una vieja lección: una ley no es buena porque prohíba mucho. Es buena si consigue aquello que promete. Y, hasta ahora, nada en España se ha conseguido, nada. To quisqui que he visto fumar durante años, sigue haciéndolo.
Y si dentro de diez años España sigue estancada mientras otros países continúan reduciendo el tabaquismo mediante políticas más inteligentes, alguien tendrá que admitir que el problema nunca fue la falta de prohibiciones. Pero para entonces perderemos el potencial turístico que mejora nuestra calidad de vida, sin resultados, que es lo crucial, mientras la ministra estará entonces en otro despacho ganando un buen pastizal, sea en la comunidad o la OMS con más de 200.000 euros de sueldecito, si la aceptan, claro.
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