Mónica García admite en un informe de Sanidad que el problema de privatización está en Navarra y Cataluña

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 10/02/2026 21:23
  • Actualizado: 10/02/2026 23:26

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha quedado atrapada por sus propios datos. El informe oficial de su ministerio sobre la presencia de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud reconoce de forma explícita que el fenómeno de la privatización no es homogéneo en toda España, sino que se concentra y crece de manera muy significativa en comunidades concretas como Navarra y Cataluña, ambas gobernadas por el Partido Socialista.

Sin embargo, lejos de extraer consecuencias políticas de esta realidad, García ha impulsado una ley de alcance estatal contra la gestión privada que ignora esa concentración territorial y evita cualquier autocrítica hacia gobiernos afines. No faltó, cómo no, el ataque a la Comunidad de Madrid, tal y como evidenció en su comparecencia de este martes tras el Consejo de Ministros, en la que volvió a utilizar la sanidad como arma política con la vista puesta en una futura candidatura a las elecciones autonómicas.

El documento del Ministerio de Sanidad señala que, entre 2011 y 2023, el número de hospitales privados integrados en el SNS aumentó cerca de un 37%, hasta representar algo más del 30% del total. También crecieron las camas, quirófanos y estancias gestionadas por centros privados. Pero el propio informe subraya que este crecimiento se da de forma desigual, con especial intensidad en Navarra y Cataluña, donde el peso histórico de modelos mixtos público-privados es muy superior a la media nacional.

Invade competencias autonómicas

Esta admisión resulta políticamente incómoda para la ministra, Mónica García. Navarra y Cataluña no sólo son las comunidades más señaladas por el informe, sino que están gobernadas por ejecutivos socialistas, el mismo espacio político que sostiene a Mónica García como ministra del Gobierno. Aun así, el discurso público de la titular de Sanidad evita señalar responsabilidades autonómicas y opta por presentar la privatización como un problema generalizado, justificando así una legislación estatal que castiga por igual a territorios con realidades muy distintas.

El informe también reconoce que el gasto público destinado a hospitales privados se incrementó más de un 80% en la última década. Sin embargo, no aporta análisis concluyentes que demuestren que esa colaboración haya deteriorado de forma directa la calidad asistencial. De hecho, el propio ministerio admite que la sanidad pública sigue asumiendo la práctica totalidad de los casos complejos, urgencias y tratamientos de alta especialización, lo que relativiza el relato de un sistema «colonizado» por lo privado.

Limitación de conciertos

Pese a ello, García ha decidido convertir la sanidad privada en el principal adversario político, impulsando una ley que limita conciertos, refuerza el control ideológico sobre los modelos de gestión y lanza un mensaje de confrontación más cercano a la propaganda que al diagnóstico técnico. Todo ello mientras los datos oficiales indican que el problema no es el modelo en sí, sino cómo y dónde se ha aplicado, especialmente en comunidades gobernadas por su propio entorno político.

El informe de Sanidad identifica riesgos asociados a una excesiva dependencia de la privada: fragmentación del sistema, desigualdades laborales, menor capacidad de planificación pública y posibles problemas de control del gasto. Pero en ningún momento plantea soluciones diferenciadas por territorios ni propone corregir los modelos concretos que han llevado a Navarra y Cataluña a liderar los índices de privatización.

La contradicción es evidente. Mónica García utiliza un informe de su ministerio para justificar una ofensiva ideológica contra la sanidad privada, pero ignora la parte más incómoda del documento: que la privatización que denuncia se concentra precisamente en territorios gobernados por los suyos.