Los médicos desacreditan el pacto laboral de Mónica García: «No tiene recorrido parlamentario»

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 27/01/2026 12:02
  • Actualizado: 27/01/2026 12:02

Tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad con CCOO y UGT (junto a otros sindicatos del Ámbito de Negociación), el nuevo Estatuto Marco impulsado por la ministra Mónica García inicia ahora su recorrido institucional, que es político y legislativo, no automático. El respaldo sindical no lo convierte en ley, pero sí le da una base formal para seguir avanzando, a pesar de la oposición frontal de los sindicatos médicos que ya han anunciado que la huelga indefinida seguirá su recorrido. Así, los médicos han recalcado que en principio esta reforma «no tiene recorrido parlamentario».

El primer paso es su elevación al Consejo de Ministros, donde el Gobierno debe aprobar el texto como anteproyecto de ley. En esta fase pueden introducirse ajustes técnicos y económicos, especialmente tras los informes de otros ministerios como Hacienda o Función Pública, que evalúan el impacto presupuestario (con tres presupuestos prorrogados) y organizativo del Estatuto.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto se remite a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Comienza entonces el debate en el Congreso de los Diputados, donde los grupos políticos pueden presentar enmiendas parciales o a la totalidad. Aquí el acuerdo sindical de cabecera para Mónica García, sirve como respaldo político al Gobierno, pero no impide que el contenido sea modificado.

El Estatuto deberá superar después el trámite en el Senado y regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Todo el proceso depende de que el Ejecutivo logre mayorías parlamentarias suficientes, algo que no está garantizado en un contexto de fragmentación política.

El principal obstáculo político es el rechazo frontal de los sindicatos médicos, que no firmaron el acuerdo y consideran que el texto no recoge sus reivindicaciones específicas. Estos colectivos han anunciado movilizaciones y huelgas y sostienen que el Estatuto, tal y como está, tiene «poco o ningún recorrido parlamentario», confiando en que la presión social influya en los grupos políticos.

Así, el Estatuto Marco de Mónica García cuenta con el respaldo los sindicatos del ámbito exclusivamente y con el aval inicial del Ministerio, pero su aprobación final depende del debate parlamentario, las enmiendas y la capacidad del Gobierno para sostener apoyos políticos frente a una fuerte contestación de parte del sector sanitario.

Huelga indefinida por un estatuto propio

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) acordó la convocatoria de una huelga nacional indefinida de médicos y facultativos que comenzará el próximo 16 de febrero para seguir adelante con las movilizaciones contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Tras ampliar los miembros del mencionado Comité de Huelga para aglutinar a todos los sindicatos profesionales más representativos del territorio nacional y unificar las acciones que se emprendan con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo, el formato acordado para estos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa. Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Además, como pistoletazo de salida a las movilizaciones, se ha decidido llevar a cabo una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en la que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo en Madrid por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral.