Marlaska ‘estrangula’ la sanidad penitenciaria: se necesita un 70% más de médicos para cubrir la demanda

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de Salud en OKDIARIO; responsable de Comunicación y Prensa en el Colegio de Enfermería de León. Antes, redactor jefe en la Crónica el Mundo de León y colaborador en Onda Cero. Distinguido con la medalla de oro de la Diputación de León por la información y dedicación a la provincia y autor de libros como 'El arte de cuidar'.
• • 22/03/2024 16:45
  • Actualizado: 22/03/2024 16:45

La asistencia sanitaria de las personas judicializadas con trastornos de su salud mental es un serio problema social y de salud pública al que se le ha prestado una atención dispar a lo largo del tiempo en nuestro país. En los últimos años, el ratio en las cárceles españolas indica que España necesita un 70% más de médicos y que desde el Ministerio de Interior que dirige, Fernando Grande-Marlaska, no se ha hecho más que estrechar el cerco y dejar cubiertas sólo el 30% de las plazas, con lo cual en estos momentos, la situación sanitaria es realmente preocupante.

Además, como indica la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), en España, la atención sanitaria en los centros penitenciarios no cuentan como en las cárceles autonómicas, donde se han transferido las competencias sanitarias (País Vasco, Navarra y Cataluña), de unidades para psiquiatría, donde tienen al menos a dos profesionales que abordan este tipo de patologías, en la mayoría graves. Dependen de los centros de Atención Primaria en los que ya de por sí, la carencia de estos profesionales es alarmante.

Por ello, en la mayoría de las comunidades autónomas (CCAA), la atención sanitaria en los centros psiquiátricos penitenciarios tiene lugar en un contexto y dentro de una organización no sanitaria regimental, en la que el cuidado de la seguridad es prioritario sobre el cuidado de la salud de las personas.

Por otra parte, dentro de esta estructura, sólo hay dos hospitales en todo el territorio nacional, Sevilla y Alicante, donde se pueden internar a presos con patologías de Salud Mental, pero se debe hacer fuera de su entorno y, por supuesto, no todos pueden ingresar, ya que entre los dos, sólo acogen a 400 internos.

Esta sociedad señala que, hasta ahora, sólo Cataluña, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tienen sus competencias en sanidad transferidas y sus sistemas sanitarios, autonómicos y penitenciarios, integrados. En el resto de las CCAA, Ceuta y Melilla, sin sus competencias transferidas, la sanidad penitenciaria está a cargo de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, a nivel nacional. «Este hecho genera diferencias significativas entre regiones que afectan tanto a la organización y estructuración como a la gestión de los servicios sanitarios, en detrimento de los penitenciarios en las CCAA sin competencias transferidas».

El presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón, ha destacado recientemente que España necesita de manera inmediata cubrir plazas de médicos especialistas en salud mental, en las prisiones, pero que partiendo de la base que tampoco los hay en el propio Sistema Sanitario, la situación es grave. «Somos uno de los países con ratio de especialistas de Psiquiatría por cada 100.000 habitantes (12 psiquiatras por 100.000 habitantes) más bajas de Europa (ratio media en la región europea de entre 18 y 20 psiquiatras por cada 100.000 habitantes)».

Además, la disponibilidad de especialistas en Psiquiatría es variable entre CCAA con una elevada dispersión. País Vasco, Cataluña e Islas Baleares tienen la ratio más alta, por encima de 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Asimismo, España se encuentra significativamente por debajo de la tasa media europea en cuanto a la dotación de camas dedicadas a la especialidad de Psiquiatría en la comunidad. Igualmente baja es la ratio de médicos de atención primaria operando en la comunidad en España que, en 2020, llegaba a 0,8 profesionales por cada 1.000 habitantes», señala.

En este contexto, José Joaquín Antón,  refleja que en las prisiones que dependen del Ministerio del Interior, en las que ha desaparecido la Atención Primaria, la sanidad penitenciaria se encuentra en punto muerto, y eso es lo suficientemente grave como para que los facultativos lo denunciemos».

Este problema corresponde su solución al Gobierno porque ha incumplido la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fija garantías de cooperación y coordinación entre Administraciones públicas. Desde el Ministerio del Interior se ha llevado esta circunstancia a un punto  límite a esta parcela del Sistema de Salud donde cada vez hay menos facultativos.

Por otra parte, el responsable de la sociedad penitenciaria, asegura que «trabajar en la cárcel no igual que en los centros de salud, porque es evidente que el entorno tiene otro tipo de complicaciones y se debe incentivar de distintas formas para que los médicos decidan trabajar en un ámbito que en ocasiones se tiene gran desconocimiento».

Necesidades de los reclusos

En el ámbito penitenciario, las personas internas con un trastorno mental grave son una población vulnerable que, generalmente, sufre síntomas graves e incapacitantes que afecta su funcionamiento social y que, a menudo, son exacerbados por el choque emocional que supone el ingreso en prisión.

«Estas personas tienden a ser más dependientes de personas cuidadoras para realizar actividades básicas de la vida diaria. Además, presentan otras condiciones que incrementan su vulnerabilidad como conductas adictivas a sustancias psicoactivas, mal estado general de salud, dificultades de aprendizaje, antecedentes de traumas físicos y psíquicos, dificultades de relación, convivencia inestable y/o ausencia de convivencia con familiares y/o amigos, educación deficiente y experiencia laboral limitada».

Así, las personas judicializadas con un trastorno mental grave están expuestas a un riesgo más alto de deterioro y victimización durante el periodo que están en el medio penitenciario, así como a que su reinserción en la comunidad sea difícil, lo que aumenta la probabilidad de reincidencia y reingreso en prisión. «En consecuencia, las personas judicializadas con un TMG tienen necesidades muy altas de cuidados de su salud mental y de su estado de salud en general, que son características del medio penitenciario, y que deben ser atendidas por profesionales expertos y conocedores de esta idiosincrasia», se explica desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.