Ley antitabaco: daño a las alternativas que han ayudado a millones de personas a dejar el cigarrillo

Josep María Torrell, responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital Bellvitge; Miguel de la Guardia, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia; Roberto Sussman, investigador principal del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México y Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la Reducción del Daño y cirujano oncológico del hospital Gómez Ulla, han compartido su preocupación sobre la deriva del proyecto de ley que regula el consumo de tabaco respecto a las recomendaciones de los expertos y la evidencia científica.

El encuentro, organizado por la Plataforma para la Reducción del Daño, ha dado comienzo con una breve reflexión de Fernando Fernández Bueno, que recopilaba las medidas que la ley ha evitado adoptar (empaquetado genérico, entre otras) y las que sí regula, tales como las sanciones a los padres de jóvenes que sean identificados como consumidores de productos alternativos al tabaco y los espacios protegidos (de dudosa eficacia, ya que se ha descartado la existencia de ‘vapeo pasivo’).

Ha señalado como particularmente llamativo que se equipare con el tabaco de combustión toda una serie de productos (vapeadores, bolsas de nicotina…) que facilitan el abandono del tabaco convencional y los daños que acarrea en la salud.

Negar la evidencia científica

Para Miguel de la Guardia, «no tiene sentido adoptar, desde una posición pretendidamente progresista, el terraplanismo y el negacionismo, que es exactamente lo que se está haciendo cuando se equipara el tabaco convencional con los demás productos, alternativos, que reducen el daño». «No todo es lo mismo, aquí hay una negación de la evidencia científica», ha insistido.

Este experto recuerda que cualquier reducción del humo es positiva, y acusa a los responsables del proyecto de ley de intentar hacer «moralismo», retratando al fumador como «prácticamente, un delincuente» sobre el cual tiene que caer todo el peso de la ley, en lugar de facilitar alternativas mirando cómo se ha abordado esta cuestión en países alrededor.

A este respecto ha planteado el ejemplo de Suecia, un país en el cual los casos de cáncer de pulmón se han reducido de forma sustancial: “Ya tenemos el modelo, el problema es que esta ley va en la dirección opuesta, es una ley anti-vapeo, o anti-alternativas. También da la sensación de que es una ley contra el fumador, y con un giro de tuerca adicional al presentar las alternativas como si fueran ‘puerta de entrada’ al tabaquismo”.

También para él resulta llamativo que se pretenda que los padres ejerzan una vigilancia perpetua de sus hijos o bien sean sancionados, en lugar de sancionar la venta, que sería una medida más lógica. Por todos estos motivos, ha calificado el proyecto de «ocasión perdida y brindis al sol y, lo que es peor, al moralismo». Asimismo, se ha mostrado convencido de que al Ministerio de Sanidad no le interesa dar una salida a los fumadores.

Falta de argumentos sólidos

«Es una combinación de falta de argumentos sólidos en favor de lo que se hace (en el Ministerio) y presencia de argumentos (en el gobierno) que no tienen aval científico y que niegan la reducción del daño cuando se deja el tabaco convencional», ha añadido.

Entre los numerosos estudios al respecto, ha destacado uno, de reciente factura, que constata que entre los 10 y 12 años después de abandonar el tabaco de combustión, se produce un descenso acusado de diversos marcadores de riesgo detectables en análisis de muestras de orina.

También ha lamentado que el proyecto ignore el riesgo de que las tendencias al prohibicionismo acaben siendo la causa de un mercado negro de productos no regulados, lo que es, potencialmente, un problema grave «del cual existen abundantes ejemplos en el pasado, entre los más notorios la prohibición del alcohol con la ‘Ley Seca’ en la década de los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos».

En este punto, había retomado la advertencia de Roberto Sussman sobre la situación en México, donde el empleo de productos alternativos al tabaco convencional está prohibido (en la Constitución, algo insólito) y que ha tenido como consecuencia una contradicción entre «el papel y la realidad de la calle». En México -ha descrito Sussman- el mercado negro es enorme, probando la máxima de que si existe demanda de un producto y este se hace ilegal, el mercado en el que circulará será el ilegal.

Una ley que no aporta

Al referirse al Proyecto de Ley, que también se conoce como ‘Ley Antitabaco’ Josep María Torrell razona: «Yo no hablaría de ley antitabaco, puesto que no aporta nada en términos de reducción del tabaquismo».

Este experto ha valorado además los problemas potenciales de regular el consumo al aire libre: «¿Va a estar la policía municipal vigilando que se respete una distancia exacta de más de 15 metros?».

A su modo de ver, la cruzada es contra todas las formas de nicotina, independientemente de su forma de liberación, ya que en España no se financia «cuando sí lo hacen prácticamente todos los demás países de Europa».

Otro aspecto problemático de la nueva ley es la regulación de la prohibición del consumo en espacios privados, tales como coches o vehículos de empresa. De hecho, opina que el exceso regulatorio que se produjo en tiempos de la pandemia de covid podría tener que ver en esa tendencia al paternalismo y la prohibición sin aval científico, que formulaba en términos informales: «Se les fue la olla con el covid y yo creo que no la han recogido todavía. El cigarrillo electrónico, como avalan múltiples estudios, no es la puerta de entrada al tabaquismo».