Expertos alertan de la falta de recursos para gestionar el aumento de casos de alzheimer

«La principal barrera en el acceso al diagnóstico del alzheimer es la falta de tiempo en las consultas médicas», ha asegurado Pablo Martínez Lage, director científico del Centro de Investigación y Clínica Memoria de la Fundación CITA-Alzheimer, en un reciente encuentro virtual.

Junto a este experto, Raquel Sánchez del Valle, especialista en Neurología en el Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona y Coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN); Pablo Baz, coordinador del Grupo de Trabajo de Neurología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen); Jesús Rodrigo, director de CEAFA (Confederación Española de Alzheimer y otras demencias), y José A. Sacristán, director médico de Lilly España y Portugal, han compartido reflexiones sobre los retos que presenta el diagnóstico, manejo y atención a las personas con esta enfermedad en España a la luz de los nuevos datos que ofrecen los proyectos mapEA y Alma-Care, en los que más de 140 expertos de diferentes especialidades y de todas las regiones de España han analizado las necesidades del sistema.

Además de la sobrecarga asistencial detrás de esa falta de tiempo en las consultas, algunos de los retos y barreras identificados son la necesidad de poner en marcha mejoras en la coordinación entre niveles asistenciales (atención primaria y especializada), demanda de formación específica para los profesionales sanitarios, falta de recursos e importancia de adaptar el sistema para usar de forma eficaz los nuevos tratamientos en ciernes de aprobación.

En calidad de portavoz de los pacientes, Rodrigo ha compartido su preocupación por la insuficiente cobertura que da a esta población de pacientes la actual Ley de Dependencia: «Cuando se trata de servicios sociosanitarios, el que tiene dinero los paga de su bolsillo, y el que no lo tiene ve su acceso a estos servicios seriamente limitado».

Por este motivo hacía un llamamiento a la concienciación «a nivel político», para incrementar la inversión en políticas sociales en España, que representa el 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en los países de nuestro entorno es del 1%.

Además, aun siendo reducido el número de pacientes que pueden beneficiarse de los nuevos tratamientos, «será mayor que la actual cifra de personas tratadas, que es cero». Con esta reflexión hacía alusión a la intervención de la Dra. Sánchez, quien había puntualizado que las nuevas terapias para la enfermedad, cuyo perfil de eficacia y seguridad ya ha sido avalado por las autoridades europeas, no están indicadas para todos los pacientes, sino, “lamentablemente” para una reducida proporción de los mismos.

No obstante, Rodrigo considera que el momento actual «es muy positivo, porque a pesar de los retos, estamos ante un horizonte cada vez más esperanzador».

Es una tendencia de la cual daba fe el Dr. Martínez Lage al analizar la evolución de la situación en el Sistema Nacional de Salud cuando se compara con la anterior versión del estudio, que data de 2017, declarando: «Sigue existiendo desigualdad en función del código postal en el acceso de las personas a un diagnóstico a tiempo y certero. En España hay zonas en las que la coordinación entre Atención Primaria, la atención especializada y, más aún, la atención superespecializada en deterioro cognitivo, es más ágil y eficaz que en otras. Afortunadamente, los nuevos datos de mapEA constatan, en comparación con la anterior edición, que el número de unidades especializadas o de consultas monográficas en deterioro cognitivo ha crecido sensiblemente».

Hasta seis meses para ver al especialista

Los pacientes españoles con sospecha de enfermedad de Alzheimer tardan menos de tres meses en ser derivados desde Atención Primaria, pero pueden pasar más de seis hasta su primera cita con el especialista hospitalario: en total, unos nueve meses de espera.

Sobre la información dada en fases tempranas, en todas las regiones los expertos encuestados coinciden en que la información dada en fases tempranas del diagnóstico es insuficiente.

Asimismo, en la mayoría de las comunidades no se informa a las personas con enfermedad de Alzheimer sobre las alternativas farmacológicas ni tampoco existe un consenso sobre cuándo se recomienda realizar la planificación de decisiones anticipada.