El juez escuchará a 60 afectados por la expulsión del Ejército de Loyola pactado entre Sánchez y el PNV

La Justicia echa el freno al pelotazo urbanístico orquestado por el PNV gracias a la cesión de Pedro Sánchez del cuartel de Loyola (San Sebastián). Tal como ha podido saber OKDIARIO, la Audiencia Nacional ha dado orden al Ministerio de Defensa a abrir un plazo para personarse como afectado por este expediente administrativo. Se trata de un periodo de nueve días que se ha anunciado en el BOE por orden del director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied).

El Boletín Oficial del Estado de este lunes recoge una resolución del Ministerio de Defensa «de acuerdo con lo solicitado por la Letrada de la Administración de Justicia, en aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas». Ahí se plasma que el organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa «emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional» ante el recurso impulsado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estudia ese recurso contencioso-administrativo que va contra el acuerdo suscrito en diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián para la enajenación a dicha corporación municipal del Cuartel de Loyola así como de tres parcelas rústicas anexas. En ese cuartel militar viven unas 60 familias ligadas al Ejército que afirman ser «rehenes» de una operación urbanística de alto voltaje que generará grandes cantidades de dinero para el Consistorio donostiarra, liderado por el alcalde Eneko Goia, del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Frente al interés del PNV y del PSOE de realizar rápidamente la macro operación urbanística de cerca de 2.000 pisos nuevos, la citada asociación ha impugnado la arquitectura legal del plan. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el caso y ha dado orden a Defensa a «emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el señalado procedimiento al objeto de que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante el referido Tribunal».

Como publicó OKDIARIO, el Gobierno de España ha ejecutado esta maniobra para contar con el beneplácito de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados. La hoja de ruta pasó por ceder el Cuartel de Loyola (San Sebastián) al Ejecutivo local del PNV para un pelotazo urbanístico donde se levantarán más de 2.000 viviendas en esta ciudad del País Vasco. Además de tener que desalojar por la fuerza a 60 familias también ha entrado en juego la Ley de Costas que amenaza la viabilidad de este plan.

Según afean las fuentes consultadas, las familias afectadas gracias la Ley de Transparencia son «el pago del que nadie habla tras la cesión del Cuartel de Loyola». Estas personas serán tratadas por dicho Ayuntamiento «como lo son aquellos que se sienten españoles en esa tierra, como auténticos rehenes», lamenta. «Esta entrega de rehenes forma parte del pago con el que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez agradece a los independentistas y al entorno etarra su apoyo para auparle a la presidencia del Gobierno de España», indican. Según han publicado varios medios de comunicación, los militares y sus familias serán trasladados a instalaciones en los terrenos de la Real Sociedad Hípica, también en San Sebastián.

Ese Ayuntamiento, en manos del PNV, sólo contempla la demolición de dicho inmueble. El edificio, que es una joya del arte inmobiliario, por tanto, verá el final de sus días en breve. En todo caso, no hace mucho, el Ministerio de Defensa llegó a afirmar en sede parlamentaria que el Ejército no se iría del Cuartel de Loyola (San Sebastián) porque era «de prioritario interés» para la defensa nacional. Sin embargo, «ahora la defensa nacional pasa por apuntalar el apoyo proetarra y del PNV a Pedro Sánchez para que éste siga en la Moncloa unos meses más, destruyendo lo poco que va quedando de España y de su defensa nacional», zanjan los expertos en el caso.