Votos por presos

Cuando la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su conjunto más la cooperación internacional aún no habían conseguido anular la capacidad asesina de ETA, la exigencia de los terroristas para dejar su actividad sangrienta y criminal contra víctimas inocentes era “paz por presos”.

En aquellos duros momentos, y a pesar de que algunos discursos “bienintencionados” del buenismo oficial nos bombardeaban con la “idea” de que “algo habrá que darles…”, la democracia no cedió al chantaje. Y los uniformados siguieron exponiendo su vida y trabajando para defender la democracia y a los ciudadanos que no se rendían; y los cargos electos de los partidos constitucionalistas continuaron mirando debajo de sus coches o de reojo cuando doblaban una esquina mientras se dirigían a cumplir con su deber de representar a los ciudadanos; y los periodistas comprometidos con la verdad siguieron escribiendo, aun y a pesar de que ETA los pusiera en el punto de mira e incluso los asesinara cuando volvían de comprar la prensa…; y muchos jueces dictaron sentencia condenatoria contra los asesinos a pesar de saberse en una diana; y los ciudadanos salieron a las calles a reivindicar la libertad, porque el problema nunca fue “la paz” sino la ausencia de libertad.

Ahora que ETA no nos mata gracias al sacrificio supremo de tantos héroes anónimos, ahora que nos gobierna gracias a la traición de Pedro Sánchez y el PSOE, han conseguido más de lo que jamás lograron cuando tenían la capacidad operativa para poner bombas bajo los coches o descerrajar tiros en las nucas. Hoy vivimos tiempos oscuros en los que observamos con horror cómo se cumple, milimétricamente, la exigencia que Otegi hizo explícita hace unos meses antes de votar los Presupuestos de Sánchez: votos por presos.

No se engañen, no es por error, no es por desidia, es por estrategia. Y lo mismo que hemos de sufrir la vergüenza de que una comisión del Parlamento Europeo le llame la atención al Gobierno de España por el hecho de que el 46% de los crímenes de ETA (379) aún no hayan sido juzgados y muchos de ellos hayan o estén a punto de prescribir; lo mismo que semana tras semana Marlaska otorga beneficios penitenciarios -a pesar de los informes negativos de instituciones penitenciarias- a terroristas que no han cumplido con su obligación de colaborar con la justicia; lo mismo que vivimos con estupor que Sánchez meta en la Comisión de Secretos Oficiales a quienes guardan el secreto de los 379 crímenes de ETA sin juzgar… hemos asistido al espectáculo de que el Gobierno renquee antes de recurrir en tiempo y forma ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la sentencia Atristain.

No es porque los letrados que asesoran al Gobierno no fueran conscientes de las consecuencias que iba a tener el no actuar correctamente ante la decisión del TEDH que dio la razón al recurso de Atristain. Como muy bien nos recuerda la letrada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara, el Gobierno sabe perfectamente que el Tribunal Europeo no ha tumbado la condena al terrorista, sino que ha puesto en cuestión la declaración, lo que debe llevar al Supremo a revisar la condena. Revisar, no anular; y cada uno de los casos por separado, no de forma generalizada y/o automática.

El TEDH en su sentencia no cuestiona el régimen de incomunicación ni la posibilidad de poder incomunicar a detenidos en los casos de extrema peligrosidad o en los que de ello dependa el éxito de las investigaciones. Lo que cuestiona es la forma en que se aplicó a Atristain, pues la supuesta vulneración que ha encontrado el TDEH está basada en que el etarra fue incomunicado en el momento de su detención privándosele del derecho a ser asistido por un abogado de confianza y de la posibilidad de tener una entrevista reservada con el abogado de oficio que se le había designado.
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La jurisprudencia del TEDH ha establecido la necesidad de que la incomunicación del detenido se acuerde por resolución individualizada detallando los motivos concretos por los que es necesario limitar sus derechos y adoptando posteriormente las medidas correctivas necesarias. Fue esa nueva jurisprudencia la que provocó que en 2015 se reformara la LECrim y se incluyeran estos requisitos expresamente.

Así las cosas, y en este clima gubernamental de buscar lo mejor para los terroristas, la semana ha finalizado con la noticia de que la Audiencia Nacional ha aplicado la sentencia Atristain de la forma más favorable para el terrorista, y el ponente José Ricardo de Prada ha elaborado una resolución merced a la cual la sala ha absuelto al sanguinario Gadafi en una nueva causa que se estaba viendo contra él. El killer, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA, sigue en prisión pues cumple condenas firmes por múltiples asesinatos. Si esta causa hubiera sido la única contra él –como en el caso Atristain- hoy estaría en la calle.

Aunque fuentes jurídicas consideran que no estamos antes una situación comparable a la que se produjo con la revocación de la doctrina Parot y que cada caso debería ser examinado de forma particular, yo quiero recordar que el criterio aplicado en aquel momento fue aplicar de forma generalizada la revocación sin esperar a que cada recluso reclamara la revisión; y que esa decisión tan errónea como injusta tuvo como consecuencia que salieran a la calle docenas de asesinos, tanto terroristas como condenados por otro tipo de crímenes.

La AVT y otras asociaciones de víctimas nos alertan de que el caso Atristain ya está siendo alegado por las defensas de los terroristas en más causas y que cabe que, siguiendo la estela de De Prada, se produzcan nuevas absoluciones que afecten a terroristas que no tengan otras sentencias firmes por las que permanezcan en prisión.

O sea, haríamos bien en estar más que preocupados. Recuerden las palabras de Otegi tras la sentencia de De Prada: presos a la calle. Demostrado está que para Sánchez las palabras de Otegi son ley y en la medida en la que de él dependa los terroristas saldrán a la calle de forma masiva. Quien avisa no es traidor.