Vivienda: una cosa y la contraria

Uno de los problemas más graves que padece Baleares es la falta de construcción de viviendas a un precio asequible, una realidad que no solo se va a mantener los próximos años, sino que se va a ver agravada, ya que para cubrir la demanda habitacional existente a día de hoy harían falta construir 20.000 viviendas, mientras se construyen solo unas 2.000 al año. De estas viviendas solo unas 200 tienen un precio asequible para la clase media, es decir, entre 250.000 y 300.000 euros como máximo, pero resultando prohibitivas para las clases con menos recursos.

Han sido ahora los promotores inmobiliarios y no la administración, quienes ante esta situación han denunciado que Baleares es de las comunidades con el metro cuadrado de suelo más caro de España y donde, por tanto, como consecuencia de este encarecimiento, el esfuerzo para adquirir una vivienda dobla el precio de la media estatal y además con una perspectiva al alza de los precios.

¿Cuál es el motivo? Es evidente que son las restricciones y desclasificaciones de suelos urbanizables por las políticas impulsadas desde el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, instituciones gobernadas por el mismo tripartito y presididas por los socialistas. Son los políticos de izquierdas, por tanto, quienes en una auténtica esquizofrenia propugnan al mismo tiempo una cosa y la contraria.

Los socialistas, con el entusiástico apoyo de Més y con los grupos ecologistas detrás, han convertido el acceso a la vivienda en Baleares en un lujo inalcanzable para la mayoría de los residentes y disparado los precios en el mercado, pero por el contrario no han sido capaces de poner en marcha una política de vivienda pública que permita su acceso a la población más vulnerable. En la presente legislatura parece ser que no habrán logrado entregar las llaves ni de la tercera parte de las VPO que prometieron en tiempo de elecciones, o sea unas 470 de las 1.800 anunciadas. Mientas tanto, hay en el Instituto Balear de la Vivienda, para vergüenza de este departamento, una lista de espera para acceder a una vivienda de más de 8.000 personas.

Aun así, la presidenta Armengol, al inaugurar recientemente 25 viviendas sociales -¡25!- aseguró que la vivienda «tiene que ser un derecho de las personas para poder vivir dignamente y poderse plantear su proyecto de vida». Y añadió: «Así lo hemos entendido desde 2015 y así lo hemos trabajado». Lo cual constituye una auténtica desfachatez.

Para agravar aún más el problema, en Palma se ha organizado ya la primera concentración reivindicativa contra el nuevo Plan de Ordenación Urbana, que ha contado con la presencia de las asociaciones de vecinos y de plataformas que no desean más crecimientos urbanísticos en la ciudad, aunque desclasifica 174 hectáreas que antes eras urbanizables.

Resumiendo, faltan viviendas a precios asequibles por falta de suelo urbano barato y falta suelo urbano barato por las desclasificaciones impulsadas por los políticos. Las administraciones deberían promover las viviendas sociales prometidas, pero desclasificando suelo urbano han creado el problema que impide su solución. Así de claro, aunque a una izquierda ideologizada le resulte incomprensible. Una izquierda, la nuestra, que propone a la vez una cosa y la contraria.