¡La última, y nos vamos!

Aunque desde hace semanas la prensa y el resto de medios están abarrotados de artículos y referencias contra la precipitada convocatoria electoral en la mitad del verano, no se consigue, en relación con esa convocatoria, decir a Pedro Sánchez todo lo que merece. Por duros y cáusticos que sean los comentarios y opiniones, ni mínimamente se llega a hacer justicia con la barbaridad que supone.

Porque… ¿Cómo es posible que alguien pueda gratuitamente fastidiar tanto a tantos millones de españoles?

Los días finales del mes de julio ya no son tiempo de organización y actividad habitual para millones de personas y familias que, por un motivo u otro, están desplazados: vacaciones, viajes de estudio o prácticas laborales, traslado a segundas viviendas, competiciones o actividades deportivas… Es incontable la casuística de cambios en los planes y hábitos que se producen en esta época del año y, en consecuencia, son numerosas las afecciones que la convocatoria electoral está teniendo en dichos hábitos. Por no hablar del impacto económico que supone la modificación de planes que hay que realizar para participar en los comicios; por ejemplo, ¿nadie ha pensado en los miles de cancelaciones que se están produciendo en hoteles o restaurantes?

Y no es verdad que las molestias sean para los votantes conservadores que, presuntamente, tienen más medios para viajar o vacacionar; las molestias son bastante transversales. Es más, normalmente las personas con menos recursos son las que encontrarán más dificultades para adaptar o modificar sus planes. Otra cosa es que algunos adeptos, da igual que sean ricos o pobres, se las perdonarán por considerar que el objetivo merece el sacrificio de los planes vacacionales, laborales o de lo que sean.

Pero las molestias, las dificultades y las alteraciones en los planes son las consecuencias menos graves, aunque no leves, del desahogo de Sánchez. Lo más importante, y eso no se lo debiera perdonar nadie, es que hay españoles a los que se les ha birlado, por el acto interpuesto que es el voto postal, su derecho a votar.

La convocatoria en esta fecha implicaba, de manera cierta, la utilización masiva del voto anticipado en un momento en que Correos no dispone de su personal titular al 100%. En consecuencia, el voto por correo, y por efecto de esas dos preconocidas realidades, mayor cantidad de solicitudes y menor capacidad de gestión de la sociedad estatal, ha perdido funcionalidad y utilidad para los votantes. Para gran parte de ellos, que lo vieron como un atajo cómodo y bien señalizado, se ha convertido en una especie de callejón sin salida; ha dejado de ser una solución y se ha convertido en un problema; atrapados en su solicitud, ya no había otra opción que esperar esa documentación que llega tarde o nunca.

Por eso, con el plazo de entrega de documentación terminado y a menos de 48 horas para que concluya el de envío certificado del voto, Correos reconoce que no ha podido gestionar el 100% de las solicitudes (ha alcanzado el 98,2%) y que casi medio millón de solicitantes ya no están en los domicilios y no han recibido la documentación. Es lógico inferir que una buena parte de ellos ya no van a poder recogerla y emitir el voto a tiempo, y que, por tanto, van a quedarse sin votar muchos ciudadanos que tenían intención de hacerlo (si hubieran querido abstenerse no habrían solicitado el voto por correo).

Adicionalmente, las encuestas están reflejando que en el voto por correo hay una diferencia de casi 20 puntos entre el PP y el PSOE (¡Ojo!, encuestas sobre voto ya emitido y, por tanto, muy fiables), y hasta el propio Tezanos reconoce una relevante ventaja del PP en dicho voto.

Como conocemos el paño, es imposible creer que la situación que se está viviendo con el voto por correo y sus consecuencias no estuvieran previstas. Más bien, es imposible creer que no fueran buscadas. Y si no éramos capaces de anticipar o comprender la ventaja de su última fechoría es porque no somos de natural tan ventajistas como los que han querido llegar a esta situación. Y todo de forma gratuita, porque con una convocatoria en pleno verano, con solo 4 meses de antelación al fin de legislatura y en puertas de la Presidencia europea, no había necesidad o posibilidad de evitar nada, salvo consecuencias negativas para Pedro Sánchez; y no había beneficio alguno para nadie, salvo para él mismo.