Una trampa muy cochina

Hace ahora casi dos años, el 11 de febrero de 2020, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que establecía las «normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas», esas que han sufrido las iras del ministro de Consumo, Alberto Garzón. La normativa del Ejecutivo socialcomunista, a la que Garzón no puso pegas, modificaba dos decretos anteriores y permitía ampliar, si así lo estimaban las comunidades, los límites al tamaño de las explotaciones, hasta  un máximo de 7.200 cerdos y 3.500 madres por granja.

O sea, que el mismo Ejecutivo socialcomunista que ha puesto en el punto de mira a la ganadería intensiva, permitió hace menos de dos años que los gobiernos regionales aprobasen una normativa para aumentar aún más la capacidad máxima de las granjas de mayores dimensiones, hasta un 20%, «en función de las características de las zonas en que se ubiquen las explotaciones, de las circunstancias productivas o de otras condiciones».

No cabe mayor hipocresía: permites que crezcan y luego te dedicas a arremeter contra unas granjas a las que acusas de producir «carne de mala calidad de animales maltratados». En aquel Real Decreto, el Gobierno decía que revisaba la normativa en el ámbito de «la sanidad animal y la gestión ambiental de las granjas», dos aspectos que ahora el propio Ejecutivo cuestiona. El texto destaca que «el sector porcino es la primera producción ganadera en cuanto a importancia económica de nuestro país, así como uno de los principales productores en el ámbito europeo y mundial».

Todo es un despropósito: desde que estalló la polémica, el PSOE ha dado muestra de sus contradicciones. Ya en 2020, los socialistas criticaron ante la Unión Europea el modelo de «macrogranjas» y, como Garzón, cuestionaron la calidad de la carne de estas explotaciones. Incluso llegaron a vincularlas con el riesgo de pandemias. Pero ese mismo año permitieron ampliarlas.

Las engordan para después matarlas políticamente: una estrategia muy cochina.