El Supremo, hasta el gorro

Llueve sobre terreno inundado. No hay mes, ni semana, que uno de los poderes del Estado, el judicial, cuya independencia y soberanía determinan la existencia o no del Derecho, no se vea invadido, agredido, empujado por el Gobierno que, en puridad, no es otro que la suma de dos (de tres) que conforman unas instituciones democráticas y exportables.

Desde el Tribunal Supremo consideran que todo tiene un límite. Sólo cuando el Poder Judicial amenaza al Ejecutivo de Sánchez con acudir a instancias europeas para denunciar sus continuos atropellos, el Gobierno recula y pone la reversa. Los choques son constantes. Sánchez controla el poder ejecutivo y el legislativo producto de la mera suma política y aritmética. Topa con el Judicial, que, a su entender, es un remedo de las posiciones conservadoras en lucha contra su Gobierno “progresista”. Nada más lejos de la realidad.

Sánchez pisoteó flagrantemente la ley e invadió competencias al conceder el indulto a los golpistas catalanes. Lo hizo contra el criterio de los juzgadores que, con exclusivos argumentos jurídicos, se negaron a que los protagonistas de un golpe de estado fueran agraciados con la suelta. Luego se han producido continuas escaramuzas, descalificaciones e insultos a la máxima instancia judicial española siempre amparada por sus pares europeos. La penúltima fue con ocasión de la condena al diputado canario de las rastas. Una ministra en ejercicio, Ione Belarra, se permitió la licencia de llamarles “prevaricadores” y por eso fue denunciada. Naturalmente, la causa ha sido archivada por el propio Tribunal Supremo, pero antes han recordada a la ministra que en lo sucesivo debería abstenerse de no opinar de lo que desconoce, dicho de otro modo, callarse ante su propia ignorancia.

La última ha sido cuando el jefe del Gobierno el jueves pasado para escurrir su flagrante responsabilidad en el espionaje Pegasus, endosó dicha responsabilidad delictiva al Supremo. Hasta un estudiante en prácticas sabe que la máxima y total responsabilidad de una institución gubernamental como el CNI corresponde sólo y exclusivamente al Gobierno.