El ‘sí’ era ‘no’

Existe un viejo adagio que establece que «si algo puede salir mal, saldrá y lo hará en el momento más inoportuno». Es indudable que su aplicación a la España actual es algo que está comprobado y debería despertar a los españoles de su letargo.

España está en Europa y Europa está en guerra. Lo lógico sería que el Gobierno estuviese dedicado a identificar cómo nos afecta el conflicto y tomar medidas para proteger los intereses nacionales presentes y futuros, entre ellas concebir y poner en práctica las acciones derivadas de la hipotéticamente vigente Estrategia de Seguridad Nacional y ejercer protagonismo internacional. La narrativa del Gobierno tendría que orientase a concienciar a la población del peligro. Pero esa no debe ser la principal preocupación del Gobierno cuando la proclama de su actividad está dirigida por un dogma ideológico: sí es sí.

Esa realidad viene configurada por la introversión de España como estado, lo que le impide ejercer de actor internacional. La actual introversión española es consecuencia de la disfuncionalidad de la estructura estatal que genera la desigualdad de los españoles como efecto de la aplicación descontrolada del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Es sobrecogedor observar cómo en los últimos meses ha aumentado el ritmo de degeneración del Estado español. Partimos de un Gobierno que no está concebido para funcionar como tal, ya que todos los indicios llevan al mismo punto: el acuerdo de coalición entre Sánchez e Iglesias no fue tal, sino un reparto «aconstitucional» de competencias ministeriales entre el PSOE, por un lado, y UP-PCE por otro, que actuarían «autónomamente», excluyendo la colegiación propia del Consejo de Ministros.

Muestra de ello es que las diferencias políticas entre los miembros del Gobierno se dirimen en los medios de comunicación. Las carteras ministeriales no socialistas van por libre en su anárquico plan de implantación de un Wokerismo de segunda mano. Esa práctica es muy lesiva para el funcionamiento de una sociedad democrática, pues pone en peligro derechos ciudadanos como la seguridad jurídica y física al ser incapaz de concebir e implementar cualquier política, tanto exterior como nacional, a la vez que la población es sometida a la agresión que representa la puesta en práctica de una perversa normativa ideológica como instrumento de adaptación de la realidad a su teoría.

La baja calidad ética y técnica del boom legislativo de ideología LGTBIQ+ es un claro indicio de que en su confección se esquivaron y defraudan los mecanismos establecidos para el trámite de su promulgación. La utilización altamente abusiva de los procedimientos de urgencia para la tramitación de leyes, empleados rutinariamente, constituye una negligente táctica política para eludir los trámites administrativos y jurídicos que protegen la legitimidad democrática del proceso legislativo. Esa negligencia genera graves consecuencias que son perseguibles penalmente.

La descarada utilización patrimonialista de organismos o medios del Estado, tales como el CIS o aviones oficiales, como si fueran patrimonio gubernamental es práctica continuada y notoria propia de un autoritarismo indisimulado. Ese autoritarismo es el rasgo fundamental de la acción de Gobierno, como queda demostrado por la ausencia de debates dignos de ese nombre en el Congreso o en el Senado y en las comparecencias del portavoz de turno tras los Consejos de Ministros que, a falta de contenido de gobernanza, se dedican a propaganda sectaria y partidista.

Esta situación de anarquía sólo es posible mantenerla conservando el estatus de dependencia del Gobierno de sus socios filoterroristas y separatistas, cediendo a sus inacabables, lesivas y discriminatorias demandas, ya sea desde la «moderación» del PNV, el cinismo de Bildu o la mutua dependencia del independentismo catalán y del PSC. Es llamativo que en una «sólida democracia», como se autodefine la española, el presidente del Gobierno no haya convocado elecciones. La continuación de la situación realimenta el desastre, con el grave peligro de que se intente prorrogar la legislatura alegando motivos «conspiranoicos» para justificar la declaración de algún estado de excepción.

La pregunta es tozuda: ¿Por qué no se convocan elecciones? ¿Quién o quiénes tienen interés en que se mantenga esta situación? Las respuestas deben buscarse en aquellas personas o entidades a las que beneficia esta situación. Otra opción es que el régimen democrático del 78 haya desaparecido ya que, de hecho, estamos viviendo en una especie de Dictadura en la que está desapareciendo la separación de poderes, aunque parte del judicial todavía resiste, empleando las puertas giratorias que hagan falta, incluso en el Tribunal Constitucional.

La vuelta a la democracia pasa por exigir responsabilidades a los actores de este drama. La oposición, que no lo es, debe despertar.