Sánchez lo decide, España y Europa lo pagan

Sánchez es el típico que entra en un bar, invita a todo el mundo y se va para que los pringados de siempre paguen la cuenta. Lo ha vuelto a hacer con una regularización millonaria (en todos los sentidos) que malbarata nuestra identidad nacional y nos va a salir por un ojo de la cara.

Dudo que, en esta democracia que nos hemos dado, haya algún asunto (que la tierra es redonda, quizá) que concite una mayoría tan sólida como la de los españoles indignados por esta medida, muy especialmente entre los jóvenes, que serán los más perjudicados. Pero a Sánchez eso le da igual. Él mira fuera, él se ve ya en algún prestigioso cargo internacional, liderando su cruzada personal contra la conspiración trumpista mundial.

Solo que, en esta ocasión, ha irritado a su público favorito, los líderes europeos. La política migratoria es nacional en las decisiones, pero europea en las consecuencias, que para eso tenemos libertad de tránsito en todo el bloque comunitario.

La regularización masiva que impulsa el Gobierno —con toda probabilidad, más de un millón— tiene efectos muy concretos dentro y fuera de nuestras fronteras. Schengen funciona mientras los Estados miembros mantengan cierto equilibrio en sus políticas migratorias. En el momento en que uno altera ese equilibrio con una regularización de gran escala, los incentivos cambian. Lo que se decide en Madrid no se queda en Madrid. Acaba, tarde o temprano, en Berlín, en París o en Ámsterdam.

Bruselas lo sabe y lo ha dicho con su habitual lenguaje en clave. Un portavoz de la Comisión Europea ha advertido de que cualquier regularización «no puede tener consecuencias negativas para otros Estados miembros» y que los permisos concedidos «no son un cheque en blanco para la libre circulación». En la misma línea, la Comisión ha insistido en que España deberá hacerse cargo de los regularizados si intentan establecerse en otros países. Traducido: Europa no confía en que esto vaya a quedarse dentro de España.

En España viven ya más de cinco millones de extranjeros, en torno al 12% de la población, según el INE. Una regularización de gran escala se añade a un sistema que ya está sometido a presión. Y además introduce una paradoja difícil de gestionar: los regularizados no tienen derecho automático a residir o trabajar en otros países de la Unión, pero sí a circular por el espacio Schengen durante hasta 90 días por periodo de 180. En un espacio sin fronteras interiores, la diferencia entre no poder quedarse y poder moverse es más teórica que real.

De ahí las advertencias. Y de ahí también el temor, cada vez menos disimulado, a que algunos países opten por reforzar controles o reintroducirlos si perciben que el equilibrio se rompe. No sería la primera vez. Schengen no es irreversible.

Pero el verdadero impacto lo pagaremos los de aquí. Regularizar de golpe no es solo dar papeles, sino incorporar con una firma una gran bolsa de trabajadores a los tramos más bajos del mercado laboral. En una economía con una tasa de paro en torno al 11–12%, con cifras muy superiores entre los jóvenes, eso tiene efectos previsibles: más oferta en sectores de baja cualificación, más presión sobre salarios y más margen para quienes compiten en costes.

Se podrá vestir de política de derechos, pero en la práctica es también una política de incentivos, además de un efecto llamada a voz en grito. No hay que ser catedrático de Economía para entender que, cuando aumenta la oferta en el mismo tramo, los salarios y las condiciones tienden a resentirse.

A medio plazo, además, este tipo de decisiones tiene una derivada evidente: altera la composición del cuerpo de residentes legales y, con el tiempo, del censo. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de España. La demografía y la política siempre han ido de la mano. Cuando se toman decisiones de esta magnitud, no solo se está gestionando una realidad presente; también se está moldeando una futura. Y la experiencia nos enseña una y otra vez —Estados Unidos es un ejemplo de manual— que los recién llegados favorecen con su voto a los que les han traído y les subvencionan.

No es la primera vez que España recurre a una regularización. En 2005 se aprobó un proceso que afectó a más de 500.000 personas, defendido entonces como excepcional. Dos décadas después, el debate vuelve en un contexto mucho más frágil: Schengen tensionado, Europa dividida y la inmigración convertida en uno de los principales ejes políticos del continente.

Y todo esto ocurre en un momento en el que el Gobierno necesita marcar agenda y desplazar el foco de otros frentes incómodos. Europa, mientras tanto, observa con una mezcla de prudencia y recelo. Lleva años hablando de una política migratoria común que nunca termina de concretarse. En su lugar, tiene un mosaico de decisiones nacionales que, cuando se desajustan, revelan hasta qué punto el sistema depende de la disciplina de cada uno.