Que nadie amargue la fiesta del empleo

Fátima Báñez y su equipo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acaban el curso con sobresaliente cum laude. La Encuesta de Población Activa (EPA) es un espaldarazo al trabajo del Gobierno en materia laboral. Un éxito que sitúa el paro en España por debajo de los cuatro millones por primera vez desde los albores de 2009. Sólo en el último año, el número de desempleados bajó en 660.400 personas. Con semejantes datos, el futuro ha de encararse con optimismo. Desde el final de la crisis económica que asoló la nación durante casi una década, la creación de empleo ha sido el principal combustible para afianzar un crecimiento económico imparable. Ahora que nuestro país sigue como líder de la Unión Europea, las previsiones de organismos públicos y privados son unánimes: seguiremos creciendo a más del 3% durante 2017. No obstante, esta cascada de buenas noticias no debe difuminar el objetivo común de políticos y ciudadanos: hacer que el futuro sea mejor que el presente.

Un objetivo factible si se siguen los pasos adecuados: potenciar aún más la calidad en el empleo —ya está mejorando notablemente— seguir trabajando para que aumente el número de cotizantes a la Seguridad Social y, por supuesto, subir los salarios para que los españoles ganen poder adquisitivo y noten en sus bolsillos esta mejora generalizada de la economía que, lejos de ser novedad, es ya un contexto fijo en el país. De hecho, la propia ministra de Empleo ha incidido en ello: «Es el momento de que los sueldos acompañen la recuperación del empleo». Desde el punto de vista político es importante no desviar el rumbo, la reforma laboral que impulsó Fátima Báñez ha supuesto un rotundo éxito. No obstante, hay una amenaza que podría dar al traste con la resurrección de España: un frente popular constituido por PSOE y Podemos.

Ambos partidos derogarían de inmediato la medida estrella de Báñez y arrasarían con los frutos del trabajo que durante años de perseverancia y sacrificio nos ha llevado a la situación actual. Sus respectivos secretarios generales, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, basan sus programas de acción en ir contra todo aquello que signifique Partido Popular, aunque en sectores como el empleo, la posibilidad de crítica sea prácticamente inexistente. En lugar de construir alternativas de gobierno que definan sus propias señas de identidad, son meros críticos crónicos del Ejecutivo. Una dinámica que, de llegar al poder, sería muy nociva. Dañaría tanto los números macroeconómicos como la confianza de inversores y organismo internacionales. Todos ellos, agentes claves para perseverar en ese crecimiento económico que, como demuestran las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa, parece no tener freno.